El Gobierno confirmó que financia la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en el contexto de su acusación constitucional, lo que provocó un requerimiento formal de los diputados UDI, Henry Leal y Sergio Bobadilla.
Solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) que aclare la pertinencia del gasto asumido por el Ejecutivo, citando precedentes como los casos de Andrés Chadwick (2019) y Maya Fernández (2025), quienes pagaron sus defensas legales de manera personal.
El 30 de octubre, la CGR envió un oficio a las subsecretarías de la Presidencia, Interior, Energía y Hacienda, pidiendo su pronunciamiento sobre el apoyo legal brindado a Pardow. En el documento, el organismo solicitó: «Informar a este Organismo de Control, en un plazo de 10 días hábiles administrativos, desde la recepción de este oficio, respecto a lo planteado por el recurrente».
Además, indicó que «el informe debe ser elaborado con la participación de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, salvo que el asunto planteado no esté relacionado con la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo carezca de dicho profesional».
La Contraloría también subrayó que «deben enviarse todos los antecedentes necesarios para abordar adecuadamente la solicitud«.
UDI MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ante la intervención de fiscalización, los diputados Leal y Bobadilla valoraron la iniciativa: «Desde el principio consideramos que lo lógico era que la Contraloría esclarezca este tema, porque a nuestro juicio es completamente irresponsable que todos los chilenos, además de enfrentar los costos por el error del exministro, debamos costear su defensa legal con nuestros impuestos«.
Afirmaron que «es un gran paso que la Contraloría General decidiera investigar esta inexplicable decisión del Ejecutivo. Nadie niega al exministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece razonable financiar su abogado con los recursos de todos, especialmente dado que ya ha renunciado a su cargo«.
Respecto al impacto del caso, señalaron: «Cuando se trata de una negligencia que generó cobros excesivos por más de $110 mil millones, lo mínimo es que el acusado asuma su defensa personalmente, sobre todo si ya no pertenece al Gobierno«.
Finalmente, expresaron que «si la Contraloría determina que Pardow merece esa asistencia, lo respetaremos, pero si no es un gasto justificable, exigiremos que se anule la medida«.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
