El expresidente boliviano, Evo Morales, ha solicitado la anulación del proceso judicial en su contra por trata de personas, tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar la condena de 10 años impuesta a la exmandataria interina, Jeanine Áñez, y ordenar su liberación inmediata.
«Por razones de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como benefició a los responsables del golpe de 2019, debe cerrar de inmediato los procesos en mi contra, que considero persecutorios y una forma de proscripción», expresó Morales a través de su cuenta en X, calificando su imputación de «ilegal» y como un caso «fabricado».
El exmandatario también pidió «garantías» para asistir, en su calidad de exjefe de Estado, a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, Rodrigo Paz, así como del resto de su gabinete, deseándoles «éxito por el bien de Bolivia». La ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado, 8 de noviembre, en La Paz.
Estas declaraciones de Morales se produjeron poco después de que el TSJ ordenara, por unanimidad, la liberación de Áñez, al anular la condena de 10 años que le fue impuesta en 2022 en el ámbito del caso «Golpe II», por delitos que van en contra de sus deberes y la Constitución, tras autoproclamarse presidenta.
En octubre, la Fiscalía presentó una acusación formal contra Evo Morales por un delito de trata de personas agravado, en relación con su presunta conexión con una menor de edad en 2015, durante su mandato, de la que se dice que nació una niña.
Morales, quien no ha comparecido en ninguna de las citaciones relacionadas con el caso, también enfrenta acusaciones en Argentina por presunto abuso de menores, tras denuncias formuladas por la oposición vinculada a su presidente, Javier Milei.
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