El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán ha sentenciado a presidio perpetuo por abusos sexuales reiterados a los padres y al cuñado de una niña de 12 años.
Además, los padres enfrentarán otros 300 días de presidio por lesiones menos graves infligidas a su hija, en un contexto de violencia intrafamiliar. El padre también suma 800 días por el delito de desacato.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, manifestó que “se trata de penas ejemplares y estamos muy satisfechos con el resultado de esta sentencia”.
“La investigación fue complicada, especialmente considerando el triste fallecimiento de la niña, lo que subraya la importancia de la entrevista investigativa videograbada, que fue valorada por el tribunal durante el juicio”, afirmó.
La víctima falleció el 26 de julio de 2023, tras caer desde el quinto piso del Hospital Regional de Chillán, donde había sido trasladada como medida de protección por el Juzgado de Familia de Bulnes.
La investigación dirigida por el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, demostró que “en el caso del padre, él abusaba de su hija de forma reiterada, mientras que la madre, en complicidad con él, facilitaba estos actos delictivos e, incluso, manipulaba a la víctima para negar las agresiones sexuales.”
El cuñado, por su parte, aprovechó que la niña estaba bajo su cuidado, junto a su pareja y hermana de la víctima, para llevar a cabo las violaciones.
Estos abusos se perpetraron en el hogar familiar de Bulnes y en la vivienda del cuñado, entre los años 2021 y 2023.
El fiscal Hermosilla explicó que “el juicio fue complejo debido a la manera en que se presentaron las pruebas recogidas”.
“La víctima ya había fallecido y no había familiares dispuestos a relatar el estado de vulnerabilidad que vivió la niña, por lo que tuvimos que presentar ante el tribunal a trabajadores sociales y psicólogos que expusieron cómo la víctima había normalizado las agresiones constantes a las que fue sometida”, añadió.
El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, subprefecto Iván Velásquez Medina, subrayó que “la investigación requirió un enfoque multidisciplinario, incluyendo pericias del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) que proporcionaron certeza jurídica, así como el apoyo crucial del Instituto de Criminología (Inscrim), que aportaron información relevante sobre la historia de la víctima.”
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