Este sábado, el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa” regresó a los tribunales con la segunda jornada de formalización contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. En esta sesión, la Fiscalía detalló cómo se habrían llevado a cabo pagos ilegales y transacciones financieras para influir en decisiones de la Corte Suprema que beneficiaron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal adjunto Marco Muñoz, de la Región de Los Lagos, expuso el entramado de siete sentencias dictadas entre 2023 y 2024 que favorecieron al consorcio en disputas con Codelco, obligando a esta empresa estatal a pagar más de $17.500 millones.
El Ministerio Público sostiene que todos esos fallos contaron con el voto favorable de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas gestionadas por su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Se alega que los imputados acordaron un sistema de pagos encubiertos que incluía transferencias bancarias, compra de divisas y contratos simulados para ocultar el origen ilícito del dinero. En su discurso, el fiscal Muñoz detalló tres hitos financieros que vinculan directamente las resoluciones judiciales con movimientos de dinero.
El primer hito, datado el 4 de julio de 2023, coincide con un fallo favorable al consorcio y con transferencias de $79 millones al estudio jurídico de Vargas y Lagos, así como movimientos en dólares relacionados con Migueles. El segundo acontecimiento se produjo el 11 de diciembre de ese mismo año, cuando, tras otro fallo que implicó un desembolso de $4.400 millones desde Codelco, se detectaron $198 millones transferidos al mismo estudio, además de un giro posterior de $70 millones a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, quien admitió haber cambiado el dinero a dólares y entregarlo en efectivo en la oficina del abogado Eduardo Lagos.
El tercer flujo identificado corresponde al 14 de marzo de 2024, cuando Gonzalo Migueles habría recibido $45 millones en efectivo, de los cuales parte fueron depositados por intermediarios.
La Fiscalía indica que los registros telefónicos y la georreferenciación ubican nuevamente a los implicados en la zona donde operaba el estudio jurídico, en la comuna de Las Condes. Los allanamientos realizados por Carabineros también permitieron confiscar importantes sumas de dinero en efectivo, principalmente en dólares, en los domicilios y oficinas de los acusados.
El tribunal ha decidido que la audiencia continuará el próximo lunes 10 de noviembre a las 09:00 horas, extendiéndose hasta las 17:00. En la primera jornada, el Ministerio Público ya había solicitado prisión preventiva para los tres formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
