El exministro de Energía, Diego Pardow, ha presentado su respuesta a la acusación constitucional en su contra ante la Cámara de Diputados, solicitando que la declaren inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución.
Esta acusación, que consta de dos capítulos, afirma que el exsecretario de Estado violó la Carta Fundamental al no salvaguardar el principio de probidad. Además, indica que se han vulnerado los principios de eficiencia y eficacia al ocultar información a la ciudadanía sobre errores en el cálculo de las tarifas eléctricas.
En un documento de 120 páginas, manifestó que el libelo carece de fundamento en las causales estipuladas por la Constitución, no cumple con los requisitos mínimos de justificación, no le atribuye responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de «última ratio».
En relación con las razones por las que no se informó sobre los errores de cálculo detectados en 2024, Pardow mencionó que “frente a la falta de información concreta, solo sabiendo que había inconsistencias y sin claridad sobre la magnitud del error, una comunicación pública en esta etapa inicial podría haber causado alarma en la ciudadanía, sin un propósito claro, y, como se ha mencionado, eso podría haber comprometido el interés nacional.”
«En este marco, y considerando la situación, haber hecho pública esta información no solo habría implicado que este exministro interfiriera indebidamente en el procedimiento, introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido percibido por la empresa (Transelec) como una forma de hostigamiento para presionar en su contra en la valoración de los activos,” subrayó en su respuesta.
Sobre su responsabilidad en el error de cálculo, el exministro argumentó que no contaba con las herramientas necesarias para identificar el problema y que carecía de “las facultades técnicas y legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía”, añadiendo que una modificación unilateral habría sido rechazada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República.
Tras recibir su respuesta, la comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), tiene un plazo de seis días para analizar y votar el texto.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
