La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) expresó su profunda preocupación y enérgico rechazo por los serios acontecimientos que tuvieron lugar este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica.
Asimismo, el gremio manifestó su solidaridad con Raúl Marchant Lira, administrador del tribunal de alzada, quien fue agredido con un arma blanca por otro funcionario judicial durante el proceso de notificación de calificaciones anuales. Marchant se encuentra en estado grave en el Hospital de Arica.
Aprajud también ofreció sus condolencias a la familia de Juan Verdejo, de 35 años, quien fue abatido por carabineros y gendarmes durante el incidente. El gremio hizo un llamado a considerar las «múltiples dimensiones personales» del violento episodio, sugiriendo incluso la revisión de la aplicación de la Ley Karin sobre acoso laboral.
«Este trágico suceso no solo representa una violación directa de los principios fundamentales de la función pública —probidad, buen trato, seguridad laboral y protección del servicio judicial—, sino que también destaca fallas estructurales serias que las autoridades del Poder Judicial y del Estado deben abordar de inmediato«, indicó Aprajud en un comunicado firmado por su presidente Patricio Aguilar.
«Las investigaciones administrativas y penales ordenadas por los ministros de la Corte de Apelaciones de Arica y la Fiscalía Regional deberán esclarecer en profundidad las circunstancias de estos hechos, determinando responsabilidades y aplicando las sanciones pertinentes conforme al marco legal», agregó.
«Aprajud expresa su más sincero apoyo y solidaridad a la familia de Raúl Marchant, deseando su pronta recuperación y garantizando que reciba toda la atención médica y psicológica necesaria», añadió.
De igual forma, «con el mismo sentido de humanidad, extendemos nuestras condolencias a la familia del funcionario agresor, quien falleció posteriormente. Ninguno de estos hechos puede ser entendido sin considerar las múltiples dimensiones personales, psicológicas y laborales involucradas. Reiteramos nuestro respeto hacia su familia, que también enfrenta un profundo dolor y merece contención y apoyo».
Según el gremio, hay un problema estructural que el Estado ya no puede pasar por alto y que los acontecimientos en Arica destacan una vez más. Según señalaron, se trata de temáticas que Aprajud ha denunciado durante años:
1. Serias deficiencias en la protección de la salud mental de los funcionarios judiciales, que requieren una respuesta institucional fuerte, preventiva y continua.
2. Sobrecarga laboral y falta de personal, situación crítica considerando que el número de funcionarios ha permanecido prácticamente igual al de hace 25 años, mientras que la demanda judicial continúa en aumento.
3. Inexistencia de mecanismos efectivos para identificar a tiempo riesgos psicosociales en los equipos de trabajo, donde la ACHS y las autoridades administrativas deben actuar con mayor rigor y prontitud.
4. Es necesario analizar, desde una perspectiva estrictamente legal, la posible aplicación de la Ley Karin, dada la gravedad del incidente y la obligación estatal de garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia.
«En concordancia con lo anterior, reafirmamos nuestra demanda histórica sobre la urgente separación de funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del país. El actual modelo sigue exponiendo a los equipos judiciales a tensiones y conflictos que podrían evitarse con una organización moderna, eficiente y alineada a estándares internacionales de gestión judicial», enfatizó el gremio.
Finalmente, recalcaron que «nuestra prioridad inmediata es la salud y recuperación de nuestro asociado. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que las condiciones actuales de trabajo —caracterizadas por un aumento de cargas, exposición a riesgos psicosociales y falta de personal adecuado— son incompatibles con el servicio de justicia que el país exige y que sus funcionarios merecen».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
