La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que el desplazamiento forzado de palestinos ocasionado por las operaciones militares del Ejército israelí en tres campamentos de refugiados de Cisjordania desde enero «representa crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad», y exigió que los responsables enfrenten la justicia.
«A principios de 2025, las autoridades israelíes desalojaron a 32.000 palestinos de sus hogares en los campos de refugiados de Cisjordania sin respetar las protecciones legales internacionales y sin permitirles regresar«, declaró la investigadora senior de derechos de los migrantes y refugiados de HRW, Nadia Hardman.
«Con la atención mundial centrada en Gaza, las fuerzas israelíes han llevado a cabo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica en Cisjordania, lo que requiere una investigación y la apertura de procesos judiciales», afirmó.
En este contexto, destacó que «el aumento de abusos» en Cisjordania subraya la necesidad de que los gobiernos, a pesar del frágil alto el fuego en Gaza, actúen con urgencia para evitar que las autoridades israelíes intensifiquen la represión de los palestinos.
La ONG instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que cesen sus políticas represivas, imponiendo un embargo de armas, suspendiendo acuerdos comerciales y prohibiendo el comercio con asentamientos ilegales, así como haciendo cumplir las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
El informe de 105 páginas detalla la operación ‘Muro de Hierro’ del Ejército israelí, una serie de operaciones militares en los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams que comenzaron el 21 de enero, apenas días después de que se anunciara un alto el fuego temporal en la zona palestina.
HRW ha entrevistado a 31 palestinos desplazados y ha analizado imágenes satelitales y órdenes de demolición del Ejército, que confirman la «destrucción generalizada» en la región. Los investigadores también han revisado vídeos de las operaciones.
El informe indica que las fuerzas israelíes ingresaron al campamento de refugiados de Yenín el 21 de enero con un importante despliegue de helicópteros Apache, drones, excavadoras y vehículos blindados, realizando numerosas demoliciones de viviendas, un patrón que se repitió en Tulkarem el 27 de enero y en Nur Shams el 9 de febrero.
La ONG alega que el Ejército no proporcionó refugio ni asistencia humanitaria a los desplazados, muchos de los cuales se vieron obligados a quedarse temporalmente en casas de amigos, mezquitas, escuelas y organizaciones caritativas.
«Era como un escenario de película. Algunos llevaban máscaras y portaban diversas armas. Uno de los soldados dijo: ‘Aquí ya no tienes casa. Tienes que marcharte’«, relata una mujer de 54 años que fue testigo de las operaciones del Ejército.
Según las imágenes satelitales analizadas por HRW, más de 850 viviendas han sido destruidas o dañadas en los tres campos seis meses después de comenzar las operaciones. Otra evaluación del Centro de Satélites de la ONU, realizada en octubre de 2025, reportó daño en un total de 1.460 edificios en Yenín, Tulkarem y Nur Shams, incluidos 652 con daños moderados.
Los militares israelíes han demolido y despejado espacios, aparentemente para facilitar rutas de acceso más amplias dentro de los campamentos, mientras bloquean todas las entradas y evitan que los residentes regresen.
La ONG demandó una investigación contra altos funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, por las operaciones en los campos de refugiados, y ha instado a los gobiernos a «imponer sanciones» a los responsables implicados en «graves abusos» en los territorios palestinos ocupados.
Se señalaba como principales responsables al actual jefe del Comando Central, Avi Bluth, al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Herzi Halevi, y a su sucesor, Eyal Zamir.
Human Rights Watch también pidió que se investigue al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y al actual ministro de Defensa, Israel Katz.
La ONG recordó que el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, aplicable en los territorios palestinos ocupados, prohíbe el desplazamiento de civiles, exceptuando por razones militares imperativas o por la seguridad de la población.
De acuerdo con esta legislación internacional, los desplazados tienen derecho a protección y a un alojamiento apropiado. Además, la «potencia ocupante» debe garantizar el regreso de las personas desplazadas tan pronto como cesen las hostilidades.
HRW concluyó en su informe que las autoridades israelíes no han hecho «ningún intento evidente por demostrar que su única opción viable era la expulsión total de la población para lograr sus objetivos ni por qué han prohibido el regreso de los residentes».
Las redadas, enfatizó la ONG, se llevaron a cabo mientras se centraba la atención en Gaza, donde las autoridades israelíes han cometido «crímenes de guerra», «limpieza étnica» y «crímenes contra la humanidad», incluido el «desplazamiento forzado» así como «actos de genocidio».
Desde que comenzó la ofensiva en Gaza, Israel ha intensificado el uso de la detención administrativa sin cargos ni juicio y ha aumentado la construcción de asentamientos ilegales, además de un incremento en la violencia de los colonos.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estableció los tres campamentos a principios de la década de 1950 para albergar a palestinos expulsados de sus hogares o que huyeron tras la creación del Estado de Israel en 1948.
(Imagen referencial: Majdi Mohammed/AP Photo/picture alliance)
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