El debate sobre el presupuesto ha abierto una oportunidad que los afectados han estado esperando durante casi dos años. Durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, los familiares de las víctimas del incendio que devastó Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024 solicitaron al Gobierno el respaldo a una glosa especial para financiar un acuerdo reparatorio directo, sin necesidad de continuar litigando contra el Estado.
La propuesta fue presentada por el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán, quienes pidieron al Ejecutivo respaldar una indicación en la partida de Hacienda para otorgar recursos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y facilitar una negociación inmediata. El objetivo es evitar un proceso que las familias consideran como una “revictimización”.
El monto solicitado, de $34.750 millones, fue estimado por el abogado Felipe Olea, representante de la mayoría de los afectados. Este total incluye indemnizaciones proporcionales y financiamiento para atención psicológica, la cual, según los denunciantes, no ha sido asegurada por el Estado desde la tragedia que dejó 139 víctimas fatales.
“No se trata solo de una solicitud económica”
Olea afirmó que la iniciativa surge directamente de las demandas civiles presentadas por las familias y está basada en la responsabilidad del Estado. Mencionó que la propuesta responde a “la falta de servicio del Estado. CONAF y Senapred cometieron omisiones que facilitaron la propagación del megaincendio”. También destacó que “no se trata solo de una solicitud económica, sino de una vía para que el Estado se adelante en ofrecer reparación”, evitando así lo que calificó como una “doble exposición procesal”.
El abogado recordó un precedente: “El Estado otorgó reparación directa a las familias sin exigirles años de litigación. Este caso debería seguir ese mismo estándar”, refiriéndose al caso Antuco.
Según Olea, la aprobación depende completamente del Congreso. “Son ellos quienes deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene la facultad legal para negociar sin sentencia”, reiteró, apuntando a que hay resoluciones anteriores que respaldan esta práctica.
“Basta de sufrimiento”: las víctimas demandan respuesta
El 19 de noviembre, las familias enviaron una carta a parlamentarios de la Región de Valparaíso, señalando que han debido enfrentar simultáneamente la querella penal y demandas civiles contra el Estado, lo que consideran como una revictimización. El documento expresa: “Solicitamos considerar una disposición presupuestaria que permita llegar a un acuerdo reparatorio por un total de $34.750 millones”, con la firma de familiares de cerca de 100 fallecidos.
En el Congreso, Teao se unió a los afectados y denunció abandono institucional: “Observamos cómo los damnificados han sido revictimizados nuevamente. Muchos han tenido que pedir permiso sin goce de sueldo para asistir a una audiencia que no avanza”, afirmó, pidiendo al Ejecutivo que respalde la glosa.
Los familiares reiteran su llamado. Carlos Orellana, padre de Anastasia, de 14 años, expresó su desánimo por la falta de acción del Estado: “Esto se ha prolongado y es una falta de respeto. El Estado debería haber tomado cartas en el asunto y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos iban a abandonar y, a casi dos años, seguimos sin solución”. Viviana Godoy, quien perdió a sus padres, solicitó detener el desgaste emocional: “Basta ya de sufrimiento”. Noemí Cabello añadió: “Hacemos un llamado para que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.
La glosa será discutida y votada en los próximos días, en la fase final del Presupuesto 2026. Si se aprueba, permitirá que el CDE negocie de inmediato un acuerdo reparatorio con las familias, sin obligarlas a continuar años en los tribunales.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
