La acusación constitucional presentada por diputados de la oposición, liderados por los socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, consta de tres capítulos y se dirige contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, implicado en la trama bielorrusa, entre otros asuntos.
Además de los diputados Cicardini y Manouchehri, se sumaron al libelo Arturo Barrios (PS), Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS) y Carolina Tello (FA).
El primer capítulo afirma que el ministro vulneró gravemente el deber de probidad, abstención e imparcialidad en relación con el caso BelAz Movitec. La acusación sostiene que Simpertigue tuvo una intervención directa en la resolución de causas vinculadas a este consorcio de origen bielorruso.
Las decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio en un litigio con Codelco por más de $11 mil millones. Esto ocurrió en un contexto donde Simpertigue tenía vínculos personales significativos con los abogados de la otra parte -Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña-, actualmente imputados por cohecho y lavado de activos en la “arista bielorrusa” del Caso Audios.
El segundo capítulo denuncia un grave abandono del deber de probidad debido a conflictos de interés en nombramientos notariales. Se argumenta que el cuestionado ministro “permitió que, durante el tiempo en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera nombrado notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión tomada por la misma autoridad que él debía supervisar”.
Por otro lado, el tercer capítulo lo señala por violar el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta. Aquí, el ministro habría participado en la decisión sobre el proyecto EcoEgaña, que benefició a la Inmobiliaria Fundamenta.
Semanas después, habría realizado un crucero junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes del consorcio, quienes se encuentran en prisión preventiva. “La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de una relación social cercana y sostenida”, indica el texto de la acusación.
Tras la presentación del libelo, la comisión revisora quedó conformada por las diputadas Mónica Arce (ind.) y Maite Orsini (FA), y los diputados Álvaro Carter (ind.), Cosme Mellado (PR) y Marco Antonio Sulantay (UDI).
A partir de este lunes, comienza el plazo de tres días para que la Cámara notifique, de manera personal o por cédula, al ministro de la Corte Suprema. Una vez notificado, Simpertigue tendrá un plazo de diez días para presentarse ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
Posteriormente, la comisión especial contará con seis días para analizar la acusación y emitir un pronunciamiento sobre ella, remitiendo esta decisión a la Sala.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
