El miércoles 5 de noviembre, la Contraloría General de la República anuló un dictamen del Ministerio del Interior que prohibía ascensos en Carabineros para funcionarios con procesos abiertos.
Esta decisión fue resultado del reclamo del carabinero Carlos Leal Aqueveque, quien fue excluido del proceso de promoción por la Subsecretaría del Interior debido a dos causas penales en su contra desde 2017.
La Contraloría determinó que el Ministerio del Interior había aplicado una inhabilidad no prevista en la legislación actual y ordenó revisar el caso de acuerdo con la ley, sin imponer restricciones no establecidas.
El diputado Diego Schalper (RN) valoró el dictamen, afirmando que “estar formalizado no debe ser un obstáculo para el ascenso. Es esencial para respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”.
El parlamentario se dirigió al Ministerio de Seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para averiguar cuántos funcionarios se encuentran en esta situación y qué acciones tomará el ministro Luis Cordero.
Al ser consultado, el ministro de Seguridad Pública admitió que se trata de un debate jurídico que se prolonga desde hace tiempo. “Generalmente, las personas involucradas en este tipo de delitos bajo sumario afectan la regulación de los ascensos, y esta situación es un remanente del sistema antiguo”, explicó.
La autoridad subrayó que «los ascensos conllevan mecanismos de promoción donde las hojas de vida son cruciales”, lo que deja en evidencia la tensión existente entre el criterio administrativo y el dictamen de la Contraloría.
En 2017, Leal Aqueveque fue formalizado por delitos graves, incluyendo torturas, apremios ilegítimos, detención ilegal y falsificación de documentos, debido a operativos en el barrio Meiggs. Desde entonces, enfrenta dos causas penales, con firma quincenal, y el Ministerio Público solicita 20 años de prisión para él. Además, Carabineros inició un sumario interno que resultó en 2020 en una sanción de tres días de arresto con servicios.
Al intentar postular a un ascenso, la Subsecretaría del Interior lo excluyó del proceso, aplicando el “artículo 29 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968”, que prohíbe ascensos a quienes están “procesados”. Interior argumentó que la figura de “formalizado” debía verse como equivalente al antiguo concepto de “procesado”.
El funcionario presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, cuestionando la interpretación del Interior.
El 5 de noviembre, la Contraloría aceptó el reclamo y concluyó que se aplicó una inhabilidad que no existe en la legislación actual. “Ni la formalización de la investigación ni el auto de apertura del juicio oral pueden considerarse equivalentes a tal resolución, y esta entidad no tiene atribuciones para equiparar esas figuras al concepto de ‘procesado’”, indicó el organismo, citando jurisprudencia previa.
La CGR ordenó revisar el caso sin imponer prohibiciones que la ley no contempla, aclarando que no obliga a ascenderlo, pero sí a evaluarlo conforme a derecho.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
