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Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron arrestados por ejercer su libertad de expresión. Según la organización Espacio Público, varias de estas detenciones están relacionadas con contenidos compartidos en plataformas digitales.
Previo a la condena de Orozco, se emitieron dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien recibió una sentencia de 15 años de prisión por un mensaje de audio en un grupo de WhatsApp en el que se quejaba de la falta de entrega de una bombona de gas que había pagado e instaba a sus vecinos a protestar.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del estado Barinas, fue condenada a 15 años de cárcel por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. Sin embargo, su familia sostiene que la grabación fue manipulada mediante inteligencia artificial y no fue realizada por ella.
Estos incidentes reflejan por qué muchas personas en el país han decidido evitar discutir ciertos temas en plataformas digitales o borrar de manera constante sus historiales telefónicos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció que la polémica ley contra el odio tenía «un carácter preventivo educativo y disuasivo».
«La libertad de expresión no es un derecho absoluto; tiene límites. Y en Venezuela tenemos una legislación que lo regula», advirtió un funcionario judicial bajo condición de anonimato.
Sin sustento
La condena a la médica ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país.
«Este caso demuestra que la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela está profundamente arraigada y sigue funcionando como parte del aparato represor del Estado«, denunció a BBC Mundo Gloria De Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al afirmar que la Ley contra el Odio «restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y crea un fuerte efecto inhibitorio, incompatible con una sociedad democrática«, De Mees agregó que «la aplicación de esta ley en casos como el mencionado confirma el clima de miedo y autocensura» que prevalece en el país, desalentando cualquier forma de disidencia, incluso fuera de sus fronteras.
Por su parte, juristas venezolanos han cuestionado la base legal de la sentencia contra la doctora Orozco.
«Para que se considere el delito de incitación al odio, el mensaje debe provocar una expresión de odio de un individuo hacia otro. ¿A quién incitó ella? La doctora solo expresó su propio sufrimiento«, explicó el penalista Zair Mundaray a BBC Mundo.
El exdirector de Actuación Procesal de la Fiscalía venezolana también consideró inapropiado aplicar los delitos de traición y conspiración.
«La conspiración requiere intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta realizó la doctora para desmantelar la democracia y las instituciones? Y el delito de traición implica unirse a naciones o enemigos extranjeros, pero no se ha informado que ella haya colaborado con nadie«, agregó.
«Con sentencias como estas, el gobierno busca restringir nuestro derecho a protestar», afirmó el hijo de la condenada, quien enfatizó que su madre jamás ha participado en actividades políticas.
(Imagen: Cortesía Paul Ruiz)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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