En el contexto de la modernización de servicios relacionados con notarías, archivos y registros, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, resaltó este viernes los logros de la reforma promulgada en septiembre, cuyo principal objetivo es asegurar procesos más transparentes y libres de influencias políticas. Esta iniciativa es una respuesta a situaciones preocupantes, como la llamada “trama bielorrusa” y otros casos controversiales en oficinas locales, incluyendo el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.
Gajardo mencionó que la aprobación de esta normativa fue el resultado de un largo proceso legislativo. “Después de arduas tramitaciones en el Congreso, hemos conseguido aprobar una reforma que transforma significativamente el sistema de nombramiento”, indicó, añadiendo que el mecanismo anterior combinaba concursos del Poder Judicial con nombramientos discrecionales del Ejecutivo. Con la nueva ley, el procedimiento será gestionado por el Servicio Civil mediante concursos “objetivos, basados en el mérito y la capacidad, abiertos a todos los postulantes que cumplan los requisitos”.
El ministro enfatizó que la implementación del nuevo sistema disminuirá la discrecionalidad y reforzará los criterios técnicos. “Si existe una diferencia significativa entre los puntajes, el nombramiento es inmediato. En caso contrario, el Ejecutivo recibirá una lista preclasificada y deberá justificar ampliamente si no nombra al primer candidato”, detalló.
Sobre casos controversiales, como la designación de la hija del senador UDI Sergio Gahona en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto entre 2022 y 2023, Gajardo aseguró que la reforma incluye prohibiciones claras. “Ningún familiar directo de diputados, senadores, ministros o miembros de las altas cortes podrá ser nombrado. Esto elimina cualquier duda sobre la interferencia política y asegura que los cargos se otorguen por mérito”, afirmó.
Además, la normativa establece reglas internas sobre suplencias e inhabilidades que aplican a notarios, archiveros y conservadores, con el objetivo de reforzar la legitimidad del sistema ante la ciudadanía. “La confianza en la justicia ha estado históricamente baja y es crucial recuperarla para nuestra democracia. Esta reforma pretende que quienes desempeñen estos cargos sean seleccionados por sus méritos y capacidades, no por conexiones o favoritismos”, destacó.
Consultado acerca de responsabilidades por hechos ocurridos antes de la vigencia de la ley, el ministro fue claro: “El Ministerio Público debe investigar los hechos ilícitos que hayan sucedido, y quienes resulten responsables deberán rendir cuentas por sus acciones. Esto es fundamental para la credibilidad del sistema”.
Con esta reforma, el Gobierno busca establecer un estándar más riguroso y transparente para el nombramiento de notarios y conservadores, minimizando las dudas y evitando que se repitan prácticas cuestionadas en el futuro. Se espera que estas medidas fortalezcan las instituciones y ayuden a recuperar la confianza de los ciudadanos en estos servicios esenciales.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
