Con 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, permitiendo a sus funcionarios portar armamento fiscal de forma permanente.
La normativa establece que cada integrante de la policía deberá recibir un arma fiscal, que se le otorgará para su tenencia y porte tanto dentro como fuera de las instalaciones de la institución.
Este armamento será uso exclusivo de cada funcionario, y serán responsables de su cuidado y custodia. Las especificaciones sobre las armas, los requisitos para su uso y los procedimientos de manejo, custodia y posible devolución se regularán mediante un reglamento.
El proyecto fue devuelto a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su análisis particular, debido a la presentación de indicaciones.
Durante el debate, los legisladores destacaron que, dado el incremento de la criminalidad, es crucial implementar medidas para garantizar que los funcionarios policiales no queden desarmados. Esto permitirá a los policías hacer uso de su arma durante toda su jornada laboral, considerando la naturaleza de su trabajo.
Además, argumentaron que la propuesta previene la militarización de la ciudadanía, al mantener las armas en manos del personal institucional en lugar de en poder de la población.
Finalmente, señalaron que la norma es consistente con el fortalecimiento de la institución mediante un aumento en la cantidad de personal policial.
Actualmente, la ley restringe el uso de armas de servicio a situaciones oficiales y durante el horario laboral. Los autores del proyecto consideran que esto crea un vacío significativo en la protección personal de los funcionarios fuera de servicio.
En este sentido, la iniciativa indica que aunque ya existen normativas internas que permiten el porte de armas de servicio durante los períodos «de franco», es fundamental que esta autorización se base en una norma de mayor rango.
El objetivo es proporcionar seguridad jurídica a las acciones de los funcionarios, quienes están autorizados por el Estado para ejercer el uso legítimo de la fuerza, garantizando así el orden y la seguridad de la comunidad en general.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
