CDE y Fiscalía presionan a Tomás Ochoa: exDirector UDI del Serviu en Valparaíso investigado por un millonario convenio con Procultura.

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El abogado procurador fiscal de Valparaíso, Michael Wilkendorf, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella criminal contra Tomás Ochoa, María Constanza Gómez, Alberto Larraín y Gonzalo Chacón, a quienes se acusa de fraude al Fisco en el contexto de la Fundación Procultura relacionada con el «Caso Convenios». La acción ha sido aceptada oficialmente.

Los hechos se remontan a 2021 y están asociados a un proyecto del Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de familias que viven en campamentos. Se propuso un convenio entre el Minvu y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso para financiar el diseño de loteo y expropiaciones en los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, ubicados en Villa Alemana.

Con el fin de formalizar el convenio, en noviembre y diciembre de 2021, se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios de instituciones públicas y líderes de los campamentos en Villa Alemana. En estas reuniones estuvieron presentes Tomás Ochoa (UDI), como director del Serviu de Valparaíso, el entonces director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, y el ex consejero regional Sebastián Balbontín, pareja de Larraín, así como las familias afectadas.

Posteriormente, el imputado Gonzalo Chacón asumió la dirección general del proyecto a nombre de Procultura, participando en las decisiones sobre la propuesta de trabajo y los presupuestos. De este modo, el 21 de febrero de 2022, Tomás Ochoa solicitó la transferencia de fondos a Procultura para intervenir en los campamentos mencionados, pidiendo $93.979.116 para Lomas de Bellavista, $82.791.126 para Manzana 33, y $71.603.136 para Las Viñas de Irene Frei. Estos montos fueron autorizados el 6 de junio de 2022.

Tras el cambio de Gobierno —finalizando la administración de Sebastián Piñera y comenzando la de Gabriel Boric— el convenio se firmó el 16 de noviembre de 2022. En esta ocasión, participaron la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes; el Serviu de Valparaíso, representado por María Paz Cueto; y la Fundación Procultura, ahora representada por la imputada María Constanza Gómez. Se aprobó el convenio el 14 de diciembre de 2022.

Es importante mencionar que esta resolución se modificó el 20 de febrero de 2023 para imputar los fondos al presupuesto de ese año, puesto que las transferencias no pudieron realizarse en 2022. Según el convenio, el monto total debe entregarse en dos cuotas, con una primera que se efectuó a la Fundación Procultura por $124.186.689.

La querella también proporciona detalles sobre la fundación Procultura, constituida el 23 de noviembre de 2009, dedicada a promover iniciativas culturales, sociales, artísticas, educativas, valórica, científicas y tecnológicas, enfocándose en comunidades en situaciones de pobreza o marginalidad.

Sin embargo, el análisis de sus actividades económicas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) revela que, al momento de suscribir el convenio, no contaban con la capacidad técnica necesaria para ejecutar los proyectos encomendados. No obstante, en las reuniones entre Tomás Ochoa y Gonzalo Chacón, se permitió la contratación de terceros para realizar trabajos que la fundación no podía llevar a cabo.

Paralelamente, se menciona que Tomás Ochoa –también de la UDI– dejó la Dirección Regional del Serviu el 19 de abril de 2022 y, posteriormente, constituyó la Sociedad de Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada el 14 de diciembre de 2022, manteniendo el 90% de participación en la empresa, que inició actividades el 17 de diciembre de 2022.

Cinco meses después, el 15 de mayo de 2023, se firmó un contrato de prestación de servicios entre la nueva empresa de Ochoa y la Fundación Procultura para ejecutar un proyecto relacionado con la topografía y urbanización en Villa Alemana por un total de 1.230 Unidades de Fomento. Esta contratación careció de garantías en el contrato de servicio. A pesar de esto, la fundación presentó gastos por $17.704.217 correspondientes a pagos a la empresa, creada solo meses atrás por el ex director regional del Serviu.

El 25 de octubre de 2023, el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, envió a la Seremi de Vivienda de Valparaíso un informe elaborado por María Constanza González, a cargo del Programa de Asentamientos Precarios, que concluía que los trabajos realizados estaban incompletos. El informe señalaba que solo se habían entregado levantamientos topográficos y estudios de título, incumpliendo las fechas planificadas en la carta Gantt y sin garantías en los trabajos tercerizados.

Además, aunque se entregó el estudio de títulos del campamento Lomas de Bellavista y levantamientos topográficos de los tres campamentos incluidos en el convenio, no cumplían con los requisitos establecidos. Por ejemplo, los estudios de títulos no incluían propuestas jurídicas para la expropiación ni documentos y planos inscritos.

Finalmente, el 24 de noviembre de 2023, se dio fin anticipado al convenio debido a incumplimientos en los requisitos mencionados. Tras eso, el 14 de diciembre de 2023, se dictó la resolución de liquidación, estableciendo que la Fundación Procultura debía devolver $108.919.144, cantidad que aún no ha sido devuelta.

HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS

La querella –documento al que tuvo acceso Puranoticia.cl– establece que los hechos descritos son constitutivos del delito de fraude al Fisco. «Este delito requiere un menoscabo patrimonial al Estado, que se produce con la participación de un funcionario público, quien mediante engaño o incumplimiento doloso de deberes, causa la pérdida de recursos o priva de un lucro legítimo».

El Consejo de Defensa del Estado sostiene en su querella que fue la participación de Tomás Ochoa, como Director de Serviu Valparaíso, en las diferentes fases del convenio (tanto en reuniones preparatorias como en la solicitud de recursos), la que facilitó la firma del acuerdo con la Fundación Procultura, la cual carecía de la capacidad técnica para implementar el convenio, lo cual Ochoa sabía o debió saber.

«Estas acciones fueron ejecutadas por Ochoa en contra de los deberes de todo funcionario público, en particular, en contra de los principios de eficiencia, eficacia y probidad», estipula la querella, que añade que estos deberes «fueron ignorados dolosamente por Ochoa, quien, al solicitar fondos para el convenio, debió ser consciente de que la Fundación Procultura no disponía de las capacidades técnicas necesarias para ejecutar el proyecto».

Respecto a los otros querellados, María Constanza Gómez, Alberto Larraín y Gonzalo Chacón, quienes representaron a Procultura, «también pueden ser acusados de fraude al Fisco». Aunque no son funcionarios públicos, colaboraron activamente con Tomás Ochoa en la creación del Convenio de Transferencia «con el fin de defraudar al Estado», asignando recursos para proyectos que su fundación no tenía la capacidad de ejecutar.

La querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue presentada el 24 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde el juez Camilo Obrador la declaró admisible solo dos días después, el 26 de noviembre.

«Se acepta la querella, cumpliendo los requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal, y se declara admisible. Se remite al Ministerio Público para su tramitación, conforme con lo dispuesto en el artículo 112 del mencionado Código», reza la resolución firmada por el juez de Valparaíso.

Al consultar al Ministerio Público, indicaron a Puranoticia.cl que la causa ha sido ingresada y asignada a un fiscal, encontrándose en etapa de investigación con diligencias en curso.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, está a cargo de las indagaciones, y será el responsable de conducir el proceso para determinar si se configura el delito de fraude al Fisco en este caso, que parece poner a los representantes de la Fundación Procultura en una posición comprometida, especialmente a su ex director ejecutivo, Alberto Larraín, y al ex director regional del Serviu, Tomás Ochoa.

PURANOTICIA


Con Información de puranoticia.pnt.cl

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