El proyecto de ley promovido por el diputado Johannes Kaiser busca otorgar al Servicio Médico Legal (SML) la autoridad para identificar restos humanos bajo su custodia sin necesidad de una orden judicial, abarcando también casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la Corte Suprema ha manifestado sus reservas respecto a esta iniciativa en un informe reciente.
El diputado sostiene que “el proceso de identificación de los detenidos desaparecidos y de las víctimas de ejecuciones políticas ha sido excesivamente lento por parte del Estado y sus instituciones”, acusando negligencia, traslados reiterativos de osamentas y el deterioro del material genético, lo que provoca un sufrimiento adicional a las familias afectadas.
El máximo tribunal aclaró que la propuesta “no se enmarca en lo estipulado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, lo que significa que no requiere un pronunciamiento obligatorio de la Corte. Asimismo, enfatizó que “el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
La Corte también cuestionó el supuesto de que existan restos sin analizar debido a la falta de una orden judicial, recordando que todos los ingresos de osamentas se realizan bajo la instrucción del Ministerio Público o un juez. “Por lo tanto, la custodia de los restos humanos a este órgano debería estar sujeta al cumplimiento de la orden que justifique su intervención”, señala el informe.
Además, la Corte observó incongruencias en la intención de priorizar los restos vinculados a violaciones de derechos humanos, subrayando que dicha calificación solo puede establecerse tras las pericias: “Son las pericias que lleva a cabo el SML las que permitirán establecer la fecha de muerte y, a partir de allí, la identificación de una persona. Solo después de ello se podrá calificar esos restos como pertenecientes a una víctima de violaciones a los derechos humanos, y no de manera anticipada como sugiere el proyecto de ley”.
El tribunal también advirtió que cualquier reforma debe asegurar los recursos y capacidades necesarios para que el SML pueda cumplir con sus funciones actuales y las nuevas que se le asignen.
El proyecto, que modifica la Ley N°20.065, plantea que el SML realice pericias sin orden judicial, otorgando prioridad a casos de terrorismo de Estado entre 1973 y 1990, y establece la obligación de emitir informes semestrales al Congreso, fijando un plazo máximo de dos años para completar todo el proceso.
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