La reciente decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas en la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, con un valor fijado de 0,23 UF por metro cuadrado, correspondiente a $10.961 millones, ha causado un fuerte impacto entre los propietarios del terreno.
Ante este anuncio inesperado, los propietarios han solicitado audiencias con las carteras de Interior, Vivienda y Bienes Nacionales y están preparando acciones legales.
El desacuerdo con el precio establecido es el núcleo del conflicto. La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. ha declarado que no aceptará esta valoración y que llevará el caso a los tribunales una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial.
En un comunicado, expresaron su “rechazo a un trato que consideran injusto y arbitrario, mediante el cual el gobierno intenta sortear el desalojo de su propiedad usurpada.”
Además, indicaron que durante seis años trabajaron dentro del marco legal para recuperar el terreno usurpado, y que, a pesar de tener un fallo de desalojo de la Corte Suprema, esperaron dos años en busca de un acuerdo. “Ahora el gobierno, demostrando su incapacidad para dialogar con el sector privado, anuncia una expropiación sin negociación, acusando a la empresa, víctima de usurpación, de especular con su terreno.”
También mencionaron que en febrero se estableció una mesa técnica que acordó tres aspectos claves: definir un precio para el terreno, el método de financiamiento y las garantías necesarias para la operación. “Todo enfocado en la compra total del terreno en una única transacción.”
La Inmobiliaria afirmó haber ofrecido tres precios avalados por dos consultoras de prestigio, y que aceptaron rebajar esa cifra en tres ocasiones, valores que estaban muy por debajo de los precios de mercado.
«Por su parte, el gobierno determina que los compradores serán los ocupantes del terreno, organizados en cooperativas, que recibirían un crédito del Banco Estado para efectuar la compra. Esto no se materializó, al igual que la promesa de garantías para la operación», añadieron.
La empresa espera conocer los planes para un desalojo parcial y desea que se realice lo antes posible, para que “este anuncio no sea simplemente una táctica para postergar el desalojo hasta el próximo gobierno”.
Finalmente, insistieron en que “una vez más se actúa sin diálogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema.”
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
