El subjefe de la bancada UDI y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Felipe Donoso, junto a su compañero Jorge Alessandri, han informado que han solicitado a la Contraloría General de la República la apertura de una auditoría sobre la administración pública. Esto se produce tras darse a conocer que más de 3.600 funcionarios del Gobierno, específicamente de las subsecretarías y la Presidencia, continúan trabajando en modalidad de teletrabajo, a pesar de que hace más de tres años se levantaron todas las restricciones relacionadas con la pandemia de covid-19.
Ambos parlamentarios reaccionaron ante una noticia de un medio de comunicación que reveló que 2.590 empleados del sector público están realizando teletrabajo. Este número asciende a 3.622 al incluir a los funcionarios de las reparticiones regionales.
Además, la misma información indicó que, aunque la Ley 21.724 permite que hasta un 20% de la dotación de cada repartición trabaje bajo esta modalidad, hay seis entidades que, con autorización de la Dirección de Presupuestos, superan ese porcentaje. Entre ellas se encuentra la Subsecretaría de Hacienda, que tiene a 105 funcionarios trabajando en teletrabajo, lo que representa el 41,3% de su dotación.
Por ello, los diputados Donoso y Alessandri reconocieron que si bien la legislación vigente permite el teletrabajo en el sector público bajo ciertas condiciones, expresaron su preocupación por el nivel de productividad y el control ejercido por las jefaturas.
Acordaron, entonces, recurrir a la Contraloría, afirmando que «es necesario verificar si las autorizaciones otorgadas están debidamente fundamentadas y cumplen con los criterios establecidos en la legislación«. También destacaron la relevancia de determinar si esta modalidad afecta la productividad y el cumplimiento de las funciones en estas reparticiones.
Según los parlamentarios, «la ley que permite el teletrabajo en la administración del Estado no puede convertirse en una norma general. Su propósito era ofrecer una solución temporal ante la emergencia sanitaria. Sin embargo, hace más de tres años que se levantaron las medidas preventivas y, al igual que el sector privado ha vuelto al trabajo presencial, el sector público debería seguir el mismo camino«, manifestaron. Reiteraron que «lo más lógico es que los funcionarios realicen sus labores de manera presencial, salvo en casos justificados«.
Asimismo, Donoso y Alessandri expresaron su inquietud sobre el impacto que esta modalidad de trabajo podría tener en la atención y respuesta a la ciudadanía. Esto es especialmente relevante considerando que una de las subsecretarías con más funcionarios en teletrabajo es la de Servicios Sociales, donde 65 empleados, lo que representa el 21% de la dotación, se encuentran en esta situación.
«Es fundamental aclarar si el teletrabajo en el sector público está afectando la calidad y la oportunidad de los servicios que el país debe garantizar a los chilenos. No buscamos cuestionar por cuestionar, sino asegurar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente y que el Estado funcione de la manera más eficiente posible«, concluyeron los parlamentarios.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
