El diputado del Distrito 7, Arturo Barrios, valoró la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas en la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, con el objetivo de ofrecer una solución habitacional definitiva y ordenada a miles de familias que actualmente viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en la megatoma más grande del país.
“Esta es una decisión difícil pero profundamente responsable, que reconoce la envergadura del problema y prioriza la dignidad de más de diez mil personas, incluyendo a miles de niños, niñas y adolescentes que han pasado años sin acceso a servicios básicos, expuestos a riesgos sanitarios y emergencias. El Estado no podía permitir que un desalojo masivo derivara en una crisis humanitaria”, expresó el parlamentario socialista.
Barrios señaló que la expropiación parcial permitirá el desarrollo de un proyecto habitacional en las 100 hectáreas designadas por el Ministerio del Interior y Vivienda, lo que representa una vía concreta y ordenada para que las familias accedan a una vivienda digna, mediante cooperativas, financiamiento claro y una planificación urbana adecuada:
“La vivienda es un derecho fundamental, al igual que la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad. Esta solución logra un equilibrio: respeta las sentencias judiciales actuales y, al mismo tiempo, ofrece un camino realista y humanitario para quienes han tenido que recurrir al campamento como única opción”, afirmó.
Además, el legislador enfatizó que es esencial que el Estado cumpla su rol para asegurar que el proceso se realice con planificación, servicios básicos adecuados y acompañamiento social. “Aquí no se está premiando la toma, sino respondiendo a una situación excepcional que, de no haber sido abordada institucionalmente, podría haber derivado en un desastre social y humanitario para toda la provincia de San Antonio”, agregó.
El socialista también hizo un llamado a garantizar que las soluciones lleguen efectivamente a las familias organizadas, que han ahorrado y que están comprometidas en avanzar hacia un barrio formal y seguro. “El desafío ahora es asegurar que este proyecto se ejecute con transparencia, participación real de las familias y estándares de calidad que permitan la integración de estas comunidades a la ciudad.”
Finalmente, el diputado Arturo Barrios valoró el trabajo conjunto entre los ministerios de Interior y de Vivienda, así como el compromiso de las autoridades locales. “Hoy se da un paso decisivo y valiente. Ignorar este conflicto sería hacer caso omiso a la realidad. Lo que se está anunciando es una solución de Estado, humana y responsable, que previene una tragedia y abre la puerta a un desarrollo urbano más equitativo para San Antonio y toda la región de Valparaíso.”
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