En la madrugada del martes 16 de diciembre, la Fiscalía Regional Occidente, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo un operativo en siete regiones del país, donde más de 500 efectivos policiales participaron activamente.
Este procedimiento, que contó con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería, tenía como fin desmantelar una red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1 y que tenía conexiones con otros centros penitenciarios a nivel nacional.
Se ejecutaron 78 órdenes de detención, de las cuales 42 eran gendarmes que desempeñan sus funciones en el penal Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.
Las órdenes restantes fueron dirigidas a personas particulares, varias de ellas extranjeras, que colaboraban con los gendarmes en un negocio ilícito de ingreso y venta de artículos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios.
A pesar de que la mayoría de las detenciones se realizaron en la región Metropolitana, el operativo abarcó también acciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación comenzó en mayo de 2025 y se enmarca dentro del programa Foco Penitenciario, que la Fiscalía lidera en la región Metropolitana desde 2024.
Dirigida por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, junto a un equipo formado específicamente para esta indagación, que incluye a dos fiscales adjuntos, un abogado asesor y dos analistas, la investigación pudo comprobar la existencia de varias agrupaciones criminales relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado en los recintos penitenciarios de la región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el periodo de 2022 a 2025.
Se determinó que en el CDP Santiago Uno y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que utilizan sobornos y cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) para introducir elementos prohibidos o ilícitos.
Además, se confirmó el acceso irregular de personas ajenas a estos establecimientos, quienes se hacían pasar por visitas oficialmente registradas, eludiendo los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
La investigación identificó al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como «Manillas», que operan en las cercanías de los recintos penitenciarios; sus miembros son denominados «Manilleros», y muchas de ellas están formadas por ciudadanos extranjeros.
Estas bandas, en complicidad con los gendarmes, introducen diversos artículos dentro de los establecimientos penitenciarios, pagando a los funcionarios a través de dinero o especie, con precios que varían según el tipo de elemento prohibido, desde $10.000 hasta $400.000.
Los gendarmes involucrados utilizan estos fondos para su propio beneficio o el de terceros, encubriendo el origen ilícito de los recursos mediante la adquisición de vehículos e inmuebles y utilizando a testaferros (parejas o familiares) para ocultar la procedencia de los ingresos.
El operativo finalizó con la detención de 66 personas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería, además de la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
