Después de una jornada marcada por numerosos allanamientos y un impresionante despliegue policial, el interior de las cárceles en siete regiones del país reveló una compleja red de corrupción. Lo que debería haber sido un sistema controlado por el Estado se transformó en una entrada para el crimen organizado, resultando en la detención de 66 individuos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, quienes son acusados de facilitar el ingreso de productos ilegales en los centros penitenciarios.
El operativo conocido como «Apocalipsis» movilizó a alrededor de 500 efectivos policiales y permitió desarticular una red de corrupción que utilizaba el sistema de encomiendas para introducir artículos prohibidos en las cárceles, a cambio de sobornos que podrían superar los $6.300 millones. Este es uno de los golpes más contundentes asestados en años recientes contra las estructuras ilegales que operan dentro del sistema penitenciario chileno.
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián (USS), analizó el alcance del caso en una conversación con Puranoticia.cl. Observó que el crimen organizado no se limita a lo externo de los recintos penitenciarios; uno de sus objetivos es cooptar instituciones estratégicas para convertirlas en centros de operación.
«Esto ya ocurrió en Ecuador y debería servir como advertencia. Podría estar sucediendo en Perú. Las organizaciones criminales buscan cooptar funcionarios públicos en las instituciones donde se encuentran custodiados. Es decir, la cárcel ha pasado de ser un lugar donde se erradicaba el delito a ser un área donde podría surgir, si no existe una adecuada gobernanza estatal», expresó el experto.
En este contexto, Toledo, exfiscal y exdirector de la Unidad Antidrogas, criticó el manejo del problema a nivel país, señalando fallas en la comunicación y las acciones institucionales. Cuestionó las «comunicaciones ambiguas» en este ámbito y enfatizó que la corrupción en las cárceles genera no solo enormes ganancias ilícitas, sino que también facilita la cooptación de funcionarios públicos más allá de las rejas.
«Esto puede ocurrir en Gendarmería, en Aduanas, en áreas territoriales como Carabineros, en la Fiscalía, o incluso en los tribunales. Si el país no aborda la corrupción como un tema prioritario, es probable que siempre quedemos rezagados», afirmó. Consultado sobre posibles soluciones para enfrentar este panorama, el académico propuso varias medidas estructurales. En primer lugar, destacó la necesidad de segmentar efectivamente a la población penal, diferenciando perfiles y niveles de riesgo. «No es viable mantener segmentaciones ineficaces que juntan a los primerizos con aquellos imputados sin antecedentes delictuales, o que desconocemos durante la prisión preventiva, con los líderes de organizaciones criminales», advirtió el académico de la Universidad San Sebastián.
En segundo lugar, propuso avanzar hacia la especialización de los recintos penitenciarios, asignando algunos de ellos a internos vinculados a la criminalidad organizada bajo regímenes de mayor control. Además, sugirió el uso de tecnología con mecanismos de supervisión efectivos, dado que estos sistemas también habrían sido vulnerados por la red desarticulada. «Es fundamental que la tecnología cuente con métodos de verificación de resultados. Por ejemplo, los gendarmes que interactúan con organizaciones criminales podrían estar equipados con cámaras corporales para grabar y hacerles saber que están bajo vigilancia».
Finalmente, el director del Cescro propuso una redefinición importante del papel de Gendarmería y de las funciones dentro del sistema penitenciario. «Es fundamental avanzar hacia una función pública que distinga claramente la custodia de la reinserción. Gendarmería tiene que seccionar su función de reinserción, regida por principios distintos a los de seguridad y control, que deben estar bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad», concluyó el abogado.
Así, el masivo operativo «Apocalipsis» no solo expuso una significativa red de corrupción, sino que también reavivó el debate sobre el control estatal en las cárceles y el riesgo de que el crimen organizado se consolide en espacios clave para su operatividad.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
