El acuerdo entre los ministerios de Hacienda y del Trabajo con la Mesa del Sector Público para un ajuste del 3.4% también incluyó una «ley de amarre» que busca prevenir despidos arbitrarios de los trabajadores del sector público, lo cual fue rechazado por la oposición. En los próximos días, el Gobierno enviará el proyecto correspondiente al Congreso.
Este «amarre» establece que la no renovación de contratos o su renovación en condiciones diferentes en las subsecretarías, servicios públicos vinculados a los ministerios o relacionados con el Presidente de la República, así como delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se llevará a cabo únicamente mediante un acto administrativo fundamentado, con hechos y fundamentos legales, sustentado en criterios objetivos y verificables, sin que baste una referencia formal a necesidades del servicio sin pruebas concretas”.
Asimismo, establece que “los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán impugnar vicios de legalidad relacionados con la no renovación de su nombramiento o su renovación en condiciones distintas, según lo estipulado en el artículo 160 de la ley N° 18.834 o el artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de resolver estas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales por los mismos motivos”.
Adicionalmente, incluye “una normativa que regule al personal que brinde asesoría directa al Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; en relación a su modalidad de contratación, causales de cese, límites en su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.
En este contexto, el diputado de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), calificó la iniciativa como “inaceptable, ya que la intención es establecer una especie de inamovilidad para los actuales partidarios del gobierno”.
Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), integrante de la misma comisión, expresó que “las normas de amarre que el Gobierno propone para los funcionarios públicos son absolutamente inaceptables. Esto supera en gran medida lo realizado por cualquier Gobierno que haya perdido las elecciones”.
«No solo dejaron un Presupuesto desfinanciado y sin glosa republicana, ahora buscan amarrar a sus activistas y operadores políticos para dificultar la instalación de un nuevo Gobierno», agregó.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
