En una región con una larga historia de ambiciosos proyectos estratégicos que avanzan con gran lentitud, el debate sobre la “permisología” ha vuelto a resurgir en Valparaíso. En un contexto donde la inversión, el desarrollo y la protección ambiental se encuentran en un constante tira y afloja, la Fundación Piensa y el Centro de Incidencia Pública, Pivotes, presentaron un estudio que aborda esta problemática, la cual, según afirman, está obstaculizando iniciativas cruciales para el crecimiento regional.
El informe fue presentado en un evento transmitido por Puranoticia.cl, donde se discutieron los efectos de la rigidez del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la realización de proyectos en la Quinta Región. Entre las conclusiones principales, se observa que el territorio está experimentando una creciente tensión entre el desarrollo económico y la regulación ambiental, destacando que «los proyectos sufren retrasos prolongados, múltiples observaciones y una carga administrativa considerable».
Para respaldar este diagnóstico, el estudio de Piensa y Pivotes examinó detenidamente cinco iniciativas consideradas estratégicas para la región de Valparaíso: el Puerto Exterior de San Antonio, la extensión del Tren de Valparaíso a La Calera, el Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví, y los sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas.
Según el documento al que tuvo acceso Puranoticia.cl, estos proyectos requieren, en promedio, la participación de 18 organismos públicos y cuatro rondas de observaciones en el proceso de evaluación ambiental, lo que ha llevado a sucesivas suspensiones que suman un total de 900 días adicionales a la tramitación.
A esto se suman los mecanismos de impugnación administrativa y judicial, que pueden extender los procesos varios años más, creando así –de acuerdo con el estudio– un entorno de alta incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión en proyectos considerados fundamentales para el desarrollo económico y social de la región de Valparaíso.
PUERTO EXTERIOR DE SAN ANTONIO
Este proyecto se centra en la construcción y operación de dos terminales portuarios en San Antonio, desarrollados en cinco fases operativas, con una capacidad de movilización de hasta 6 millones de TEU/año en carga mayoritariamente contenerizada. Su objetivo es aumentar la capacidad de transferencia de carga en la zona centro del país, potenciando el comercio exterior y el desarrollo económico de Chile.
El proyecto fue presentado al SEIA en abril de 2020, y originalmente se había estipulado que la Adenda (respuesta a las observaciones de los servicios públicos) estaría lista para marzo de 2021, lo que implicaba la posibilidad de que obtuviera su calificación ambiental en el primer semestre de ese año. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de las observaciones han forzado al titular a solicitar prórrogas, resultando en una suspensión de la evaluación que ya suma 3 años y 8 meses.
Entre las observaciones relevantes se encuentran aspectos como ruido terrestre y subacuático, vibraciones, medio marino, hidrogeología, hidrología, flora y vegetación, fauna nativa, medio humano y pueblos indígenas.
El proyecto sigue en evaluación, presentando un plazo suspendido para recibir su calificación mientras se elabora una Adenda excepcional que responde al tercer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara), con un plazo hasta el 30 de diciembre de 2025, salvo que se soliciten nuevas prórrogas. Además, se prevé que una vez que se otorgue la calificación, la iniciativa sea impugnada, lo que podría sumar años adicionales al proceso.
Entre las observaciones más significativas se indica que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) considera insuficiente la información proporcionada por el titular sobre la fauna, exigiendo nuevas campañas de terreno para la fauna silvestre; el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) requiere una ampliación de la línea de base mediante pozos de sondeo y revisiones visuales del 100% del área subacuática, lo que podría demorar meses en obtener los permisos necesarios; y la Seremi de Vivienda y Urbanismo solicita reevaluar la ubicación de la planta de hormigón, a pesar de estar dentro de la Zona Portuaria Exclusiva donde se permiten actividades industriales similares.
El proyecto del Metro de Valparaíso –actualmente conocido como el Tren Limache-Puerto– busca conectar Limache con La Calera en 28 minutos a través de 26 kilómetros, con la construcción de cinco nuevas estaciones, una ampliación de la Estación Limache y rehabilitación de la Estación La Calera.
Cada estación contará con máquinas de autoatención, accesos a paraderos, equipos de seguridad y estacionamientos para vehículos y bicicletas. Además, se prevé la construcción de un túnel al oriente del túnel San Pedro; 13 pasos peatonales multipropósito y dos pasarelas; 12 pasos vehiculares inferiores y uno superior; y la sustitución de 67 obras de saneamiento, entre otros aspectos.
Este proyecto se ingresó al SEIA en abril de 2022. En su primer Icsara, se otorgó un plazo al titular para evacuar la Adenda para octubre de ese año, con la expectativa de obtener su calificación ambiental a fines de 2022 o inicios de 2023. Sin embargo, la magnitud y naturaleza de las observaciones (vinculadas al patrimonio cultural, ruido y vibraciones, medio humano y fauna) han forzado al titular a solicitar prórrogas y continuar suspendida la evaluación por dos años y siete meses.
Las extensiones solicitadas han sido motivadas por requerimientos del Consejo de Monumentos Nacionales, que demandó aumentar los pozos de sondeo arqueológico a lo largo del trazado. También surgieron observaciones respecto a ruido y vibraciones, que obligaron a profundizar la línea base sobre estos componentes y sus impactos en la fauna nativa. Así como nuevas mediciones de tráfico vehicular y peatonal para actualizar la línea base sobre el medio humano.
Es importante mencionar que el proyecto sigue en evaluación, suspendiéndose el plazo para recibir calificación mientras se elabora una Adenda complementaria para responder al segundo Icsara, con un plazo que se extiende hasta el 19 de diciembre de 2025.
El proyecto del Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) involucra la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores que ampliará la capacidad de atracado y la transferencia de carga del Puerto de Valparaíso. Este consiste en un muelle de 725 metros que avanzará la línea de costa en unos 185 metros hacia el poniente, usando material de relleno.
Esto permitirá establecer un nuevo borde de atraque, habilitado para atender simultáneamente a dos naves Post Panamax, junto a una superficie operativa de 13,6 hectáreas que incluye áreas existentes en los sectores Costanera y Espigón de Puerto Valparaíso, aumentando la capacidad de transferencia de carga contenedorizada y fraccionada en respuesta al crecimiento del comercio exterior chileno.
La iniciativa fue ingresada al SEIA en septiembre de 2014. En su primer Icsara, se otorgó un plazo al titular para evacuar la Adenda en abril de 2015, proyectándose razonablemente la obtención de la calificación ambiental para el primer semestre de ese año. Sin embargo, las observaciones de organismos públicos han requerido que el titular solicite extensiones, lo que ha mantenido la evaluación suspendida durante cuatro años y tres meses.
Al igual que en los proyectos anteriores, TCVAL ha recibido numerosas solicitudes de información, entre ellas del Consejo de Monumentos Nacionales, que exigió la ampliación de la línea de base arqueológica mediante nuevos pozos de sondeo y ampliaciones en la línea de base del patrimonio cultural para incluir todos los componentes del Patrimonio Cultural de Valparaíso. También se sumaron requerimientos sobre vibraciones, medio humano, fauna y aspectos paisajísticos, que obligaron a realizar nuevos estudios.
Cabe recordar que en octubre de 2018, el proyecto obtuvo su RCA favorable, aunque esto fue impugnado ante el Comité de Ministros, lo que llevó a una reclamación judicial en el Tribunal Ambiental. En mayo de 2022, el recurso fue parcialmente acogido, lo que implicó la necesidad de volver a someter el proyecto a evaluación ambiental, considerando los efectos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos afectados. Este caso llegó a la Corte Suprema, que confirmó el fallo del 2º Tribunal Ambiental en agosto de 2023.
El proyecto del Terminal Cerros de Valparaíso ha continuado su evaluación ambiental desde hace tres años (2022) y actualmente espera la elaboración de la quinta Adenda para responder a las observaciones del último Icsara.
El proyecto Desarrollo Urbano Habitacional Maratué, ubicado en la comuna de Puchuncaví, busca construir un máximo de 14.180 viviendas (junto a unas 2.000 subsidiables), que se desarrollarán gradualmente en un periodo de 45 años. Esta iniciativa se presenta como una solución para enfrentar la crisis habitacional en la zona, teniendo en cuenta que Valparaíso enfrenta un déficit de 42.484 viviendas.
Este proyecto fue ingresado al SEIA en septiembre de 2017. En su primer Icsara, se le otorgó un plazo al titular para evacuar la Adenda en marzo de 2018, por lo que era plausible obtener la calificación ambiental en el primer semestre de ese año. Sin embargo, al igual que en los otros proyectos, las observaciones de organismos públicos han requerido que se soliciten extensiones, manteniendo la evaluación suspendida por 1 año y 7 meses.
Las observaciones más críticas provinieron nuevamente del CMN, que demandó ampliar la línea de base arqueológica mediante nuevos pozos de sondeo, así como más estudios sobre flora y fauna.
Este proyecto obtuvo su RCA favorable el 29 de julio de 2019, pero fue objeto de reclamación ante el Comité de Ministros, lo que llevó a que se retrotrajera el proceso a evaluación ambiental. A pesar de ello, un recurso judicial fue interpuesto por terceros que buscaban el rechazo del proyecto, pero fue denegado en octubre de 2022, permitiendo la reanudación de la evaluación hasta obtener una segunda calificación favorable el 29 de octubre de 2024. No obstante, esta ha sido nuevamente impugnada y se encuentra a la espera de una resolución.
El proyecto de la minera Las Vizcachitas tiene como objetivo realizar un programa de sondajes para aumentar el nivel de certeza acerca del recurso mineral, reduciendo las incertidumbres geológicas y obteniendo información básica para desarrollar modelos geológicos de litología, alteración y distribución de mineralización metálica. A diferencia de las iniciativas anteriores, este se ha presentado por medio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que normalmente está sujeta a plazos más cortos y requerimientos menos extensos.
Este proyecto fue ingresado al SEIA en mayo de 2019. En su primer Icsara, el titular recibió un plazo para evacuar la Adenda en agosto de 2019, por lo que, en un contexto favorable, era razonable esperar su calificación ambiental para el segundo semestre de ese año. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de las observaciones llevaron al titular a solicitar extensiones, prolongando la evaluación por 4 meses.
Además, el estudio de Piensa y Pivotes revela que el proyecto recibió su RCA favorable el 11 de noviembre de 2020, pero fue objeto de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que resultó en la retroacción del proceso a su estado previo a la calificación, exigiendo participación ciudadana. Se volvió a calificar favorablemente el 13 de mayo de 2021, aunque se solicitó su invalidación. Tras el rechazo de dicha invalidación, un recurso fue presentado ante el 2º Tribunal Ambiental, que en octubre de 2025 confirmó la validez de la RCA. Sin embargo, esta sentencia ha sido objeto de múltiples recursos de casación, tanto en el fondo como en la forma, que permanecen pendientes de resolución.
Los datos presentados por el estudio de Piensa y Pivotes evidencian un patrón alarmante en la evaluación de estos cinco grandes proyectos: en promedio, más de 18 organismos sectoriales participan en las evaluaciones, lo que genera múltiples rondas de observaciones. Aunque el sistema está diseñado para permitir una o dos rondas de interacción técnica entre el titular y la autoridad, estos proyectos han enfrentado más de cuatro rondas en promedio, distorsionando el proceso y extendiendo los plazos.
Además, se observa un uso intensivo de las suspensiones por parte de los titulares: en estos cinco proyectos, las suspensiones han prolongado la tramitación en promedio 911 días adicionales, lo que equivale a dos años y medio. «Este fenómeno no se debe a estrategias dilatorias, sino a la necesidad de responder a exigencias crecientes, a veces desproporcionadas, impuestas por la autoridad», destaca el estudio.
«En lugar de contar con directrices claras desde el principio y iteraciones sobre aspectos cada vez más específicos y delineados, los titulares enfrentan una “evaluación por goteo”, donde los requerimientos se amplían en cada ronda», agregan.
Finalmente, los procesos judiciales añaden más incertidumbre: los plazos promedio para resolver recursos en el Comité de Ministros son de 1 año y 9 meses, en Tribunales Ambientales superan los 2 años, y los casos que llegan a la Corte Suprema tardan en promedio 9 meses adicionales. Además, estos procesos a menudo retrotraen los proyectos a la evaluación ambiental, donde pueden ser objeto de múltiples rondas de solicitudes de información, y, tras su RCA, pueden nuevamente ser impugnados.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
