El Consejo de Defensa del Estado ha presentado una querella contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile y una cantidad significativa de particulares, por los delitos de cohecho y soborno. Esto no excluye otros delitos como asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación documental, que podrían ser comprobados durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el marco de la «Operación Apocalipsis».
La querella, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía, incluye nombres específicos de 35 particulares acusados de soborno, lo que suma un total de 77 imputados involucrados en diversos ilícitos relacionados con actos de corrupción y criminalidad organizada dentro de establecimientos penitenciarios de la región Metropolitana. Esto se ha observado en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, en la comuna de Santiago.
Según los hechos descritos en la querella, “en estos centros penitenciarios, desde 2020 hasta la actualidad, se ha consolidado un patrón de intervención directa de funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes, en virtud de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y recibido pagos (en efectivo y transferencias bancarias), así como beneficios de diversas índoles para permitir la entrada de personas no autorizadas como visitantes.
Además, la querella indica que “permitieron la introducción y circulación de objetos ilícitos en estos recintos, tales como celulares y drogas, entre otros, ya sea ingresándolos directamente o eludiendo los controles establecidos.”
“Este accionar se habría llevado a cabo a través de la coordinación entre particulares -tanto internos como personas libres- y los funcionarios de Gendarmería”, concluye el documento.
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