El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha establecido un plazo de 300 días para la investigación del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, el cual investiga una amplia red de corrupción dentro del sistema penitenciario, con 70 personas actualmente imputadas.
Esta decisión se tomó durante la segunda jornada de formalización, donde el Ministerio Público presentó nuevos detalles sobre la operativa de la organización, compuesta por 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles. Según la Fiscalía, la red vulneraba los protocolos de seguridad en recintos como Santiago 1 y el Centro Penitenciario de San Joaquín, permitiendo la entrada de elementos prohibidos y la realización de visitas irregulares a los internos.
En la audiencia, el tribunal dispuso arresto domiciliario total con monitoreo telemático para seis funcionarios de Gendarmería, mientras que otros dos imputados quedaron en prisión preventiva. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía y no fue cuestionada por las defensas, dada la potencial amenaza que representan para la seguridad pública.
Según el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, la estructura criminal habría manejado más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, utilizando transferencias bancarias para encubrir el origen ilícito de los fondos. Los delitos investigados incluyen agrupación criminal, cohecho y lavado de activos; en el caso de los imputados civiles, se recalificó el delito como soborno según su nivel de participación.
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