El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó contundentemente el acuerdo de reajuste salarial entre el Gobierno y los sindicatos del sector público, tildándolo de «corrupción institucionalizada». Ramírez se centró en una cláusula que, según su opinión, busca obstaculizar cualquier cambio que pueda realizar una futura administración en la estructura del Estado.
En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el dirigente argumentó que el término “amarre” no es suficiente para describir la gravedad de la situación. Explicó que la norma busca limitar la capacidad del próximo gobierno para nombrar a personas en cargos clave, con la finalidad de proteger a funcionarios leales al actual gobierno.
El líder gremialista destacó que esta cláusula no se restringe a los 2,700 cargos de confianza exclusiva del presidente, sino que tendría un impacto mucho más amplio. “Estamos hablando de 350,000 cargos que quedarían sujetos a esta norma”, señaló, cuestionando abiertamente las intenciones del Ejecutivo al incluir esta disposición en el acuerdo.
Estos comentarios surgen en el contexto del rechazo generalizado de la oposición al acuerdo salarial, que propone un aumento total del 3,4%, a distribuir entre 2025 y 2026. Aunque el porcentaje del aumento no ha sido el eje principal de las críticas, la cláusula que introduce nuevas exigencias para no renovar contratos ha generado un fuerte rechazo.
Esta normatividad requiere que las decisiones estén fundamentadas en hechos y en derecho, exigiendo notificación previa y revisión por parte de la Contraloría, además de permitir apelaciones por vicios legales. Para Ramírez, esta norma es también inconstitucional, recordando que el Tribunal Constitucional ha cuestionado frecuentemente este tipo de disposiciones. “Es una ley de reajuste a la que se le incluye clandestinamente un artículo irrelevante para el reajuste”, concluyó.
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