La Corte Suprema ha confirmado y apoyado las competencias de la Contraloría General de la República (CGR) para identificar irregularidades en contratos municipales y enviar informes al concejo municipal, incluso cuando detecta que servicios públicos son ofrecidos por empresas privadas sin un contrato válido.
Este caso se originó en Coyhaique, donde la Contraloría Regional de Aysén encontró que el servicio de recolección de basura se realizaba sin un contrato legal. Ante esto, el alcalde de la comuna presentó un recurso de protección argumentando que el oficio del organismo de control infringía el debido proceso y perjudicaba su imagen pública.
Sin embargo, en octubre, la Corte de Apelaciones local indicó que no había un acto ilegal o arbitrario por parte de la Contraloría, ya que el oficio cuestionado se emitió dentro de sus facultades.
Además, señalaron que la actuación en cuestión estaba directamente asociada con la obligación de la CGR de asegurar la legalidad en los actos municipales, en este caso, relacionados con la prestación de servicios públicos por parte de privados sin respaldo contractual.
Posteriormente, el tribunal supremo ratificó la decisión, reafirmando el rol preventivo y fiscalizador de la entidad contralora.
Así, los tribunales concluyeron que la Contraloría actuó conforme a sus atribuciones legales, lo que implicó la instrucción de un sumario administrativo e informar al Concejo Municipal, sin imponer sanciones ni hacer juicios de valor sobre responsabilidades.
Además, se desestimaron vulneraciones a derechos fundamentales y se confirmó que no existía riesgo para la continuidad del servicio.
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