La advertencia por parte de la UDI de presentar una acusación constitucional ha reavivado las tensiones en el debate político sobre la reforma que el Gobierno está promoviendo en relación con las condiciones de despido de funcionarios públicos a contrata. Esta reacción provino del oficialismo, luego de que Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dirigiera sus críticas al ministro de Economía, Nicolás Grau.
Desde la oposición, la UDI afirmó que tomará esta medida si el Ejecutivo no detiene la iniciativa. “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral destinada a favorecer a operadores políticos, la utilizaremos constitucionalmente en marzo, por lo que queda notificado”, expresó el partido.
El diputado Diego Ibáñez (FA) respondió con firmeza a estas declaraciones, cuestionando el uso del mecanismo constitucional. Considera que es una “abuso no democrático del instrumento de acusación”, especialmente si la propuesta de ley resulta ser menos restrictiva para las jefaturas que una previamente votada por los propios diputados de la UDI y Chile Vamos.
El parlamentario oficialista no se detuvo ahí y puso en duda la seriedad de la declaración de Guillermo Ramírez. “Es difícil tomar en serio lo que dice el presidente de la UDI. Si no le satisface la ley, simplemente vote en contra. La derecha ha presentado 9 acusaciones constitucionales, todas rechazadas”, subrayó.
Este intercambio se produce en el contexto de la decisión del ministro Nicolás Grau de presentar al Congreso una norma que establece nuevas condiciones para el despido de funcionarios a contrata, medida que la oposición ha criticado como un intento de “amarre” ante el próximo cambio de gobierno.
La propuesta está incluida en un proyecto misceláneo que forma parte del reajuste del sector público y ha generado una controversia generalizada. En términos prácticos, establece que el despido de este tipo de funcionarios debe estar debidamente justificado y, de no ser así, se podrá solicitar una revisión ante la Contraloría General de la República.
En este contexto, el propio ministro Grau defendió la iniciativa, argumentando que su propósito es “evitar arbitrariedades” en los procesos de desvinculación, destacando que la modificación principal no consiste en la necesidad de fundamentación —que ya existía—, sino en trasladar el proceso de revisión de los tribunales a la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez.
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