El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo referencia a la conocida norma de “amarre” en el sector público y mencionó que casi 33 mil funcionarios públicos que ingresaron durante este Gobierno podrían beneficiarse de esta normativa.
“El aumento en el número de funcionarios se debe a un traslado de algunos de los mismos, por ejemplo, de municipios a servicios de educación. Por lo tanto, las cifras que se manejan son diferentes”, explicó el ministro.
Elizalde añadió que “en el marco del acuerdo con la mesa del sector público, a solicitud de las asociaciones de funcionarios, se plantea que los funcionarios de carrera, no aquellos que tienen confianza política, deben tener fundamentos claros para cualquier desvinculación”.
Sobre la cantidad de funcionarios que se beneficiarían con esta regulación, Elizalde precisó que “al mencionar el aumento de funcionarios públicos, incluso se ha mencionado cifras mucho más altas que las indicadas; se aclara que son mayoritariamente quienes fueron contratados en salud y aquellos trasladados del sector municipal a los servicios educativos locales, los Slep, que en su mayoría ya eran funcionarios públicos, pero dependientes de la municipalidad”.
Respecto a la posible acusación constitucional anunciada por la UDI contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el ministro sostuvo que “es importante aclarar que este instrumento fue diseñado con propósitos diferentes. Si un parlamentario no está de acuerdo con un proyecto de ley, ya sea de origen parlamentario o gubernamental, lo correcto es que vote en contra del mismo, y si está a favor, que vote a favor”.
“Es absurdo, tanto jurídica como políticamente, utilizar la amenaza de una acusación constitucional en relación a un proyecto de ley. Esto viola lo que establece la constitución, no cumple con los criterios para presentar una acusación constitucional y distorsiona el sentido de los mecanismos de fiscalización que la constitución proporciona a los parlamentarios”, enfatizó.
Finalmente, indicó que «todos los parlamentarios con un conocimiento adecuado del derecho y la constitución, incluidos opositores, han manifestado que una acusación de esta índole carecería de fundamento”.
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