El proyecto de ajuste en el sector público ha generado un nuevo conflicto entre el gobierno y la oposición. El principal punto de controversia es la norma que busca limitar los despidos de funcionarios a contrata, interpretada por los parlamentarios opositores como un intento de “amarre” antes del cambio de administración.
Para anticipar discrepancias y minimizar sorpresas durante la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a una reunión virtual el 29 de diciembre a asesores de la oposición y jefes de bancada, programada para las 17:00 horas. En la invitación se indica que el objetivo es presentar el sentido de cada norma, aunque aún no se compartirán los textos específicos.
La oposición ha adoptado una postura cautelosa. El diputado RN Frank Sauerbaum comentó que “una vez que conozcamos las normas que el gobierno presentará en la ley de reajuste, que se estiman en más de 100, evaluaremos como oposición si asistimos a la reunión y en qué condiciones.”
Felipe Donoso (UDI) afirmó que la reunión “tiene un carácter informativo, pero no es posible emitir una opinión completa sobre todos los puntos en este formato.”
Agustín Romero (Republicano) añadió que “los republicanos enviarán un asesor a participar en esta reunión, con el fin de tomar nota de los temas discutidos y proceder con el proyecto de forma responsable y transparente, siempre con el buen uso de los recursos públicos en mente.”
Las disposiciones que están en disputa indican que la no renovación de contratas “se llevará a cabo únicamente mediante acto administrativo fundado, basado en hechos y fundamentos legales, sustentado en criterios objetivos y comprobables.”
Además, se estipula que “los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán impugnar legalmente la no renovación de su designación o su renovación en condiciones diferentes, conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o el artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda.”
El texto preliminar señala que “la Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de resolver estas reclamaciones si el afectado ha interpuesto acciones jurisdiccionales por los mismos hechos.”
Adicionalmente, se incluye una norma que regula “el personal que asesora directamente al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; detallando modalidad de contratación, causas de cese, límites en sus números, remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación.”
Otro de los puntos de crítica de la oposición es el financiamiento del reajuste. Uno de los más vocales ha sido el diputado Sauerbaum, quien destacó que “el gobierno solo ha provisionado US$600 millones, mientras que el reajuste tiene un costo de US$1.500 millones”.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
