La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) expresó su apoyo al protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, en medio de las acusaciones de la oposición sobre un supuesto “amarre” de funcionarios. Morales indicó que la norma no beneficia a cargos políticos ni a funcionarios de confianza, sino que está diseñada para mejorar las condiciones de quienes trabajan bajo contratos precarios.
La propuesta establece mayores requisitos para realizar despidos de personal a contrata, con el fin de evitar desvinculaciones arbitrarias. De acuerdo con un estudio realizado por el centro Horizontal, esta medida podría afectar a alrededor de 33 mil funcionarios públicos, brindándoles así mayor estabilidad laboral.
Desde la oposición, la UDI reafirmó su intención de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionando la constitucionalidad de la norma. El diputado Jorge Alessandri advirtió que su partido recurrirá a “todas las herramientas legales necesarias” para bloquear la iniciativa, incluyendo la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) decidió no unirse a la estrategia de la UDI. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela reconoció que, aunque critica la medida, considera que la situación no justifica una acusación constitucional, argumentando que el uso de esta herramienta ha sido desvirtuado por conflictos recientes, afectando la institucionalidad.
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