Este domingo se llevó a cabo la décima jornada de formalización del caso conocido como Operación Apocalipsis, que implica a 71 imputados, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, presuntamente involucrados en una organización criminal dedicada al ingreso de encomiendas ilegales en los recintos penitenciarios de Santiago Uno y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Durante la sesión, la Defensoría Penal Pública continuó sus alegatos centrados en el delito de lavado de activos, cuestionando la existencia de los delitos base —como cohecho y soborno— que sustentan la imputación. Desde la defensa, se argumentó que las transferencias observadas no serían maniobras de ocultamiento, sino simplemente el aprovechamiento de fondos provenientes de un delito anterior, lo cual, en su opinión, no cumpliría los requisitos legales del tipo penal.
Posteriormente, la abogada Alejandra Rubio solicitó al tribunal que rechazara la prisión preventiva, sugiriendo medidas cautelares alternativas como arresto domiciliario y arraigo nacional. La defensa argumentó que no habría peligro para la sociedad, que los imputados carecen de antecedentes penales y que los informes financieros no demostrarían capacidad económica para una posible fuga.
La Fiscalía, liderada por el fiscal Sergio Soto, defendió la solidez de la investigación, afirmando que la ley no exige que los fondos sean ilícitos, sino que carezcan de justificación. También destacó que se habían detectado transferencias desde internos o sus visitas tras levantar el secreto bancario. Además, hizo hincapié en el delito de cohecho, presentando solicitudes de favores a cambio de beneficios y citó interceptaciones telefónicas que corroborarían una coordinación ilícita sostenida en el tiempo.
Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los representantes de Gendarmería de Chile respaldaron la postura del Ministerio Público, advirtiendo que la afectación a la probidad pública, la seguridad y la salud pública va más allá de los casos individuales. La audiencia proseguirá este lunes con los últimos alegatos de las defensas privadas, después de lo cual el tribunal estará en condiciones de resolver sobre las medidas cautelares que deberán cumplir los imputados.
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