Al dictar la prisión preventiva para los 62 acusados en la Operación Apocalipsis, incluidos 42 ex gendarmes, el magistrado Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, argumentó que «la corrupción organizada dentro de los recintos penitenciarios afecta directamente uno de los núcleos más sensibles del Estado: el control legítimo de la privación de libertad».
La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a los imputados como responsables de delitos cometidos desde 2020 en los recintos penitenciarios de la región Metropolitana, especialmente en Santiago 1, incluyendo agrupación criminal, lavado de activos, cohecho (tanto simple como agravado) y soborno. El juez consideró que representan un riesgo para la sociedad.
“Cuando quienes deben proteger el sistema lo utilizan para obtener beneficios ilícitos, el riesgo va más allá de lo individual y alcanza una dimensión estructural. Por eso, las circunstancias personales presentadas por las defensas, como arraigo, falta de antecedentes, cargas familiares y desvinculación laboral, son elementos a considerar, pero no eliminan el riesgo que proviene de pertenecer a redes criminales consolidadas. Desde un enfoque de proporcionalidad, la prisión preventiva es la única medida adecuada para salvaguardar los objetivos del proceso”, indicó.
Además, enfatizó que “los hechos en investigación no son desviaciones individuales ni incumplimientos administrativos aislados, sino parte de una corrupción institucional sistémica, organizada a través de asociaciones criminales que han convertido el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. No se trata simplemente de violaciones al deber, sino de la mercantilización de la función pública por parte de quienes debían garantizar la seguridad y la legalidad, socavando el pacto social y la autoridad del Estado, lo que pone en peligro la seguridad de la sociedad”.
En este contexto, el magistrado argumentó que “la prisión preventiva no es una medida excepcional o simbólica, sino la respuesta legal necesaria ante organizaciones criminales que han transformado el sistema penitenciario en un mercado ilícito”.
Según expuso la fiscalía durante las 12 jornadas de formalización, desde 2020 hasta la detención el 16 de diciembre pasado, los acusados formaron parte de diversas células criminales compuestas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería de diferentes rangos, con el objetivo de ingresar artículos prohibidos, como celulares, alimentos y vestimenta, a los recintos Santiago 1 y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Estas agrupaciones obtuvieron cuantiosas ganancias por estos ingresos.
Asimismo, en diligencias autorizadas por el tribunal, se hallaron en las casas fiscales del complejo penitenciario Santiago Uno cocaína en diversas dosificaciones, así como armas y municiones no registradas en las viviendas de algunos de los detenidos.
Además, un grupo de civiles y internos llevaron a cabo diversas acciones delictivas, como soborno y cohecho de funcionarios de Gendarmería, para que estos desestimaran su labor de custodia e ingresaran objetos prohibidos al penal.
Estas actividades estaban coordinadas por los denominados “jefes de manilla” y “manilleros”, civiles organizados que atendían solicitudes internas o externas para el ingreso de artículos prohibidos; bandas que también gestionaban la entrada de “gatitas”, quienes, sin registro, podían acceder al penal para ejercer comercio sexual a cambio de favores o prebendas.
Otras modalidades de obtención de recursos incluían el “rescate”, mediante el cual los gendarmes requisaban objetos prohibidos a internos para luego revenderlos, y el “cambio de camiseta”, que consistía en alterar la clasificación y el lugar de internación de reos previo pago.
Con el incremento de sus patrimonios, los imputados realizaron diversas acciones para diversificar recursos, empleando cuentas bancarias, testaferros y adquiriendo propiedades o vehículos, con el fin de ocultar el origen ilícito de los ingresos obtenidos, configurando así el lavado de activos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
