Pronostican que los eventos climáticos extremos podrían afectar hasta un 10% de la producción nacional de cobre para 2030.

Un estudio llevado a cabo por el Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile ha cuantificado, por primera vez, el efecto de las precipitaciones extremas y la sequía en la producción de cobre en Chile.

Las pérdidas estimadas ascienden a cientos de miles de toneladas anuales, generando impactos económicos que podrían exceder los $9.700 millones de dólares.

Chile, el mayor productor de cobre a nivel mundial, es fundamental para industrias como electricidad, telecomunicaciones y transporte, cuya demanda sigue en aumento. Sin embargo, la extracción de este recurso enfrenta un reto creciente y poco visible hasta ahora: los efectos del cambio climático, que podrían afectar la producción futura del mineral, poniendo en riesgo uno de los principales ingresos del país.

Si bien el debate generalmente se centra en el impacto ambiental de la minería, hay una dimensión que rara vez se discute: cómo el cambio climático puede alterar la capacidad de Chile para mantener esa producción en el futuro. Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile se propuso analizar cómo eventos climáticos extremos, como sequías y lluvias intensas, podrían interrumpir la operación minera y el suministro de cobre.

El estudio fue publicado en la revista científica International Journal of Mining, Reclamation and Environment con el título “Resource and climate paradox: quantifying the impact of climate change in the copper supply chain”. Liderado por Paulina Fernández, junto a los académicos Dr. Luis Felipe Orellana y Dr. Emilio Castillo, el equipo pertenece al Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y al Advanced Mining Technology Center (AMTC), con colaboración del Solar Energy Research Center (SERC). Este trabajo se desarrolló en el contexto del proyecto FONDEF 20I10147.

Iniciado en 2021, el estudio creó una base de datos histórica de 53 eventos climáticos entre 2001 y 2022 que causaron interrupciones en la minería de cobre, incluyendo aluviones, bloqueos de carreteras, inundaciones y reducciones de producción por escasez de agua.

“No había información sistematizada. La primera fase del trabajo consistió en reunir todos los eventos climáticos que habían afectado las minas en el pasado”, señala la geóloga Paulina Fernández.

Con esta información, el equipo estimó las pérdidas de producción asociadas a dichos eventos para proyectar los impactos hasta 2030 utilizando el sistema ARC-CLIM del Ministerio del Medio Ambiente, que ofrece escenarios climáticos para diferentes sectores productivos. El resultado fue un modelo que combina tres dimensiones: el peligro climático (hazard), la exposición futura (proyección de producción por mina) y la vulnerabilidad de la cadena de suministro.

Los hallazgos revelaron que tanto las precipitaciones extremas como las sequías son amenazas significativas para la continuidad operativa del sector. En el caso de las precipitaciones extremas, se proyectan pérdidas de producción de entre 1,39% y 5,08%, lo que equivale a 91.000 a 334.000 toneladas al año. Para la sequía, las pérdidas estimadas ascienden a entre 2,62% y 10,72%, es decir, 172.000 a 705.000 toneladas anuales.

“La reducción de días efectivas de operación resulta en menos cobre disponible en el mercado. Esto se traduce en un menor valor comercial y tiene un impacto directo en los ingresos del país debido a menores tributos”, aclara el Dr. Orellana.

En términos económicos, las pérdidas anuales se estiman en aproximadamente US$ 1.600 millones en situaciones de precipitaciones extremas y entre US$ 2.400 millones y US$ 9.700 millones en escenarios de sequía.

Estos montos, en comparación con los ingresos operacionales del sector, subrayan el riesgo que enfrentan las instalaciones en el norte y centro del país.

El estudio, aunque no evalúa individualmente los factores de vulnerabilidad de cada faena, identifica que esta susceptibilidad depende de condiciones geográficas, disponibilidad de agua, infraestructura crítica y características operativas, mostrando que las faenas del norte son más afectadas por eventos extremos y sequías.

Fernández menciona que cada mina responde de forma diferente a las amenazas climáticas, lo que implica que las estrategias de adaptación deben ser específicas para cada instalación, no solo a nivel corporativo. “El impacto varía según la ubicación de las minas. No se puede tener un solo plan; debe ser adaptado a cada lugar”, agrega.

Una de las contribuciones clave del estudio es la creación de un marco replicable para estimar la disrupción esperada (Expected Annual Disruption, EAD) por mina. Este enfoque permite actualizar las estimaciones a medida que cambian las proyecciones de producción, la frecuencia de eventos climáticos o la información sobre vulnerabilidad.

“Esto permite estimar el grado de afectación futura por mina y por amenaza, y actualizar las proyecciones según vayan variando los datos”, sostiene Orellana.

El estudio concluye que las mineras deben pasar de estrategias reactivas —que abordan emergencias una vez ocurren— a modelos anticipatorios que integren la información climática en su planificación.

Entre las medidas más relevantes para mitigar el riesgo se destacan:

• Eficiencia y recirculación del agua, especialmente en áreas con estrés hídrico.
• Gestión hídrica territorial para manejar la competividad por el recurso.
• Refuerzo de infraestructura crítica, como carreteras, sistemas de drenaje y protección de instalaciones.

“Las medidas de adaptación deben ser anticipatorias, no reactivas. Si hay indicios de que un evento podrá afectar a una mina, la preparación debe iniciarse ahora”, enfatiza Fernández.

La investigación proporciona evidencia clara sobre un problema que irá en aumento: el efecto de los eventos climáticos extremos en la seguridad operativa y productividad de la minería chilena.

Su mensaje principal es claro: la planificación del sector debe incluir información climática y desarrollar estrategias específicas para cada región. “Si realmente queremos garantizar el suministro de cobre en los próximos años, integrar el riesgo climático en la planificación y operación minera es imperativo”, concluye Orellana.

PURANOTICIA