El decreto que establece el Estado de Conmoción Exterior incluye una orden de búsqueda y captura inmediata para cualquier persona que promocione o respalde el ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra Venezuela, que tuvo lugar el 3 de enero y en el que fue arrestado el presidente Nicolás Maduro.
«Los cuerpos de policía a nivel nacional, estatal y municipal deberán iniciar de forma inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de aquellas personas involucradas en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra la República», se señala en el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes.
Los detenidos bajo esta normativa serán enviados al Ministerio Público y al sistema de justicia penal para su juicio, «resguardando todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa«.
El texto tiene una vigencia de 90 días, prorrogables por otros 90, y contempla además un incremento de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la militarización de la infraestructura de servicios públicos y de la industria petrolera, entre otras industrias básicas del Estado.
Este estado de conmoción otorga, además, poderes extraordinarios al jefe del Estado, en este caso Delcy Rodríguez, que incluyen la suspensión del derecho de reunión y manifestación.
También permite tomar medidas como requisar bienes necesarios para la defensa del país, restringir el acceso al territorio nacional o cerrar las fronteras.
Del mismo modo, capacita a la presidenta encargada para «restringir el libre tránsito de personas y vehículos de cualquier tipo en el territorio nacional«, y «establecer otras regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior, restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población«, así como «cualquier medida que sea necesaria para salvaguardar al pueblo venezolano, la integridad territorial y la soberanía venezolana«.
El decreto deberá ser enviado a la Asamblea Nacional dentro de un plazo de ocho días desde su emisión «para su consideración y aprobación«, detalla el propio texto.
(Imagen: AP – Cristian Hernandez)
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