La crisis judicial y administrativa que afecta al Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar se intensificó tras el fallo emitido el 8 de enero de 2026 por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar. Este dictó a favor de la Inmobiliaria Playa Mansa Cinco Norte Limitada debido al incumplimiento reiterado de pago del arriendo, estableciendo una orden de desalojo del inmueble con un plazo límite hasta el 31 de enero de 2026. Esta sentencia representa un punto crítico en un conflicto prolongado entre la inmobiliaria y la Fundación Educacional Santa María Mazzarello.
En el fallo, firmado por la jueza Ximena Torres Valenzuela, se indicó que las partes habían firmado un contrato de arrendamiento del inmueble situado en la calle 5 Norte esquina 1 Oriente, válido desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, con una renta anual de $240 millones. El tribunal determinó que la Fundación había incumplido en sus pagos, lo que llevó a la resolución del contrato y a la orden de restitución del inmueble.
Desde la inmobiliaria, se subrayó que el fallo no fue inesperado, ya que hubo oportunidades previas de negociación y conciliación para evitar esta situación. Durante el proceso judicial, se mencionó que en 2024 se alcanzó una conciliación que otorgó plazos adicionales para que la Fundación pudiera reubicar el establecimiento, pero esta reubicación nunca se llevó a cabo, lo que condujo a la inmobiliaria a continuar con la acción legal para recuperar el inmueble.
Según los antecedentes judiciales, la Fundación Educacional Santa María Mazzarello solo logró demostrar pagos de $162.017.532 en 2024, y en 2025, apenas $140.000.000, resultando en una deuda impaga de $138 millones. Este monto fue considerado por el tribunal al admitir la demanda y ordenar el desalojo.
No obstante, la Fundación ha afirmado que el fallo no implica un desalojo inmediato ni la paralización del proyecto educativo, argumentando que aún existen plazos legales y recursos judiciales en curso. La administración sostiene que este es un paso esperado y que el colegio seguirá funcionando normalmente mientras se llevan a cabo las acciones legales pertinentes.
Sin embargo, el Sindicato de trabajadores ha manifestado una perspectiva completamente diferente, acusando a la administración de minimizar la gravedad de la situación y de no proporcionar información clara y oportuna. Según ellos, no se presentó un plan de contingencia concreto para enfrentar un posible desalojo, a pesar de que el avance del proceso judicial indicaba un resultado adverso.
La situación se complica aún más con un proceso administrativo ante la Superintendencia de Educación, donde hay una resolución sancionatoria en curso que podría revocar el reconocimiento oficial del colegio desde 2027 y llevar a la inhabilitación perpetua de la sostenedora. Mientras la Fundación afirma estar trabajando en planes de contingencia y continuidad académica, el Sindicato demanda total transparencia, garantías laborales e intervención efectiva de la autoridad, todo en medio de una creciente incertidumbre para la comunidad educativa.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
