Los residentes de Viña del Mar, organizados en el Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores (CACPIM), se manifestaron nuevamente en oposición a un proyecto que contempla cinco torres de 15 pisos y alrededor de 500 departamentos en la población Navarino.
Este conflicto inició hace tres años y podría hacer que el sector recibiera a más de 2.500 nuevos vecinos, lo cual, según los organizadores, representaría daños, perjuicios y riesgos para toda la comunidad y el área de Miraflores.
Además, los vecinos señalan que el proyecto tendría implicaciones medioambientales, ya que afectaría un área verde que alberga dos quebradas vivas, una de las cuales ya ha sido intervenida por otra inmobiliaria. Esto podría conllevar riesgos de deslizamientos de tierra y aluviones.
Asimismo, la edificación se encuentra cerca del colegio Ana María Janer, situado a los pies de una cantera, lo que genera preocupaciones sobre el posible colapso de los servicios de alcantarillado y agua potable, que ya sufren problemas graves en la actualidad.
Javier Alvarado, presidente del Comité de Acción Ciudadano Miraflores, comentó a Puranoticia.cl que «el mayor perjuicio para las zonas aledañas sería el colapso de la avenida Lusitania, una de las principales rutas de evacuación del sector, que se sobrecargaría con el aumento de población».
Ante esta situación, los vecinos de Viña del Mar llevaron su caso a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde obtuvieron una resolución favorable. Sin embargo, la inmobiliaria apeló a la Corte Suprema, que falló en su contra, a pesar de la evidencia presentada.
Aunque la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar declaró el proyecto como «inviable» y organismos técnicos como Sernageomin, DOH y DGA advirtieron sobre riesgos críticos de aluviones, deslizamientos e incendios, la construcción sigue adelante gracias al apoyo del sistema judicial.
Ante esto, los vecinos se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes para detener las obras y revocar los permisos obtenidos al final de la administración de Reginato, justo antes de la renuncia del exdirector de Obras Municipales, Julio Ventura.
«La CIDH está revisando la documentación que hemos enviado y hemos confirmado que la recibió. En los próximos días, se espera que la Corte se pronuncie con respecto a nuestra situación», indicó el dirigente vecinal.
Finalmente, los habitantes de Miraflores expresaron que su recurso ante la CIDH también se debe a cuestionar la legitimidad ética del fallo de la Corte Suprema (del 8 de agosto de 2025) que benefició a la inmobiliaria, dado que fue redactado por el exministro Diego Simpertigue, destituido por el Senado por «notable abandono de deberes» y falta de imparcialidad, además del ministro Jean Pierre Matus, quien está bajo investigación por vínculos con el sistema de influencias en el caso Hermosilla y por pagos indirectos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
