El lunes 12 de enero dio inicio el operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, un asentamiento irregular que alberga a 4.100 familias, en medio de un contexto complicado por una orden judicial que exige el regreso de más de 100 hectáreas a sus propietarios en el cerro Centinela.
Este procedimiento fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y diseñado por el Gobierno como un proceso gradual. Comenzó con la parcela 11 y continuó el martes con la parcela 13, con planes de avanzar posteriormente a la parcela 15, en un entorno de alta tensión social y un despliegue policial sin precedentes en la zona.
Desde el inicio del operativo, se han registrado violentos disturbios en la megatoma, con barricadas incendiarias levantadas por los habitantes para frenar el avance de los vehículos policiales, el lanzamiento de bombas molotov y ataques directos contra los efectivos de seguridad presentes.
Como resultado de estos incidentes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) sufrió heridas por perdigones y dos Carabineros resultaron con impactos de bala, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en la zona y ha generado condenas por la violencia ocurrida.
A pesar de la gravedad de los acontecimientos, los pobladores que resisten el desalojo presentaron una versión de los hechos a Puranoticia.cl, criticando las acciones de Carabineros durante el operativo en el cerro Centinela.
Dafne Aranguez, miembro del Comité de Salud, Desastres y Emergencias de la megatoma, afirmó: “Hemos estado apagando fuego desde la mañana. Nos intentaron quemar y eso no se menciona en las noticias. Carabineros no respetó ningún protocolo y entraron a áreas que no estaban bajo orden de desalojo, con armas, en casas donde había niños y mujeres tranquilas».
La vecina sostuvo que la comunidad se ha organizado para enfrentar lo que considera una situación fuera de control, enfatizando que «todos aquí somos padres, defendemos nuestros hogares. La delincuencia es un problema nacional, y ahora nos están enfrentando entre nosotros, usando a Carabineros y PDI. Esto es inaceptable».
Aranguez también expresó su descontento con el Gobierno, en especial con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando falencias en el diseño previo al desalojo y afirmando que debió haber existido «una mesa alternativa para quienes no pertenecen a cooperativas o no califican», indicando negligencias en los protocolos territoriales.
Frente a la violencia de algunos pobladores, la dirigenta aseguró que la respuesta es consecuencia de una situación extrema vivida desde el inicio del operativo: «¿Cómo se espera que reaccionen si están tratando de quemarnos vivos desde la mañana? Ingresaron por Los Conquistadores, que ni siquiera era parte del desalojo, para provocar incendios. ¿Cómo van a reaccionar si hay niños en las inmediaciones? La gente está desesperada. ¿Acabaremos todos sentados en la plaza San Antonio? Es complicado, y la gente está dispuesta, pero se les ha mentido continuamente», expresó.
También afirmó que en el interior de la megatoma hay «un caos absoluto», y que los vecinos han trabajado para prevenir una tragedia mayor por el fuego. «Estamos apagando incendios desde las 8 de la mañana. Los vecinos están exhaustos. Nos cortaron el agua hace dos días. Tuvimos que romper tuberías para apagar incendios. Tres casas han sido quemadas, y son los mismos carabineros los que, porque tuvieron dos heridos, quieren quemarnos vivos. ¿Cómo reaccionará la gente ante esto?”, relató.
Por último, Aranguez mencionó que, además de los agentes policiales heridos, al menos cuatro ocupantes de la megatoma han resultado con heridas de perdigones, y subrayó que la comunidad sigue organizada para resistir el avance del operativo. «Todos estamos haciendo algo: los padres, por ejemplo, están en la línea del frente, defendiendo para que no puedan entrar, frente a los gases que están utilizando y los ataques directos», concluyó.
A medida que el desalojo continúa en el cerro Centinela, la megatoma sigue siendo un lugar de tensión y violencia, con una perspectiva vecinal que contradice las narrativas externas. Así, el proceso ordenado por la justicia enfrenta no solo desafíos operativos y de seguridad, sino un profundo conflicto social.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
