Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), hizo un llamado a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, tras su advertencia de que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste en el sector público debido a los incendios en Ñuble y Biobío.
En una entrevista con radio Cooperativa, Figueroa solicitó a la contralora “con respeto y humildad” que sea coherente con su rol, evitando extralimitarse en juicios que no le corresponden, ya que su función principal es asegurar que los actos administrativos se realicen adecuadamente.
“Es natural que cualquiera tenga su opinión; sin embargo, la contralora no está aquí para opinar sobre economía ni sobre el presupuesto”, enfatizó. Además, destacó que este reajuste impacta a quienes están en la línea del frente durante la crisis, señalando que a los funcionarios públicos que están trabajando en la emergencia se les niega el reajuste salarial, lo que es una contrariedad para aquellos a quienes se les elogia, incluidos los Carabineros.
Por su parte, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó que declaraciones de Pérez “posiblemente excedieron sus atribuciones” y añadió que su mensaje se interpretó como que no hay recursos disponibles para enfrentar la emergencia o para el reajuste salarial, lo cual sería “absurdo”.
Quintana remarcó que “la fiscalización no es responsabilidad de la Contraloría, ya que hay otras entidades como el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministerio de Hacienda que manejan estos temas.” Además, indicó que el papel de la Contraloría es asegurar la legalidad de los actos administrativos, pero no debería determinar si es posible o no realizar un reajuste.
Aún reconociendo las restricciones fiscales vigentes, insistió en que “es nuestra responsabilidad encontrar una buena solución para los trabajadores públicos”.
El diputado socialista Leonardo Soto, por su parte, advirtió que “cuando una contralora interviene en decisiones de carácter político, política su cargo, lo que no había sucedido antes en la historia de la Contraloría General.” Aunque reconoció que ha cambiado ciertos criterios de fiscalización, consideró que cualquier indicio de inmersión en decisiones políticas es negativo para el Estado y la ciudadanía.
Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero sugirió que sería beneficioso revisar las atribuciones de la Contraloría, ya que su labor se centra en la fiscalización de los actos de Gobierno y en la contabilidad administrativa de la nación. Criticó que el excontralor (Jorge) Bermúdez introdujera el concepto de “confianza legítima”, considerando que la Contraloría estaba en un buen camino y no debería legislar o inventar plazos.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, indicó que “la contralora debe garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Si estamos enfrentando un déficit fiscal de aproximadamente 800 o 900 millones de dólares anuales, esto resalta problemas en el control de los recursos públicos. Su advertencia es pertinente y debe resolverse.”
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