La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó unánimemente la citación del ministro Nicolás Cataldo y de cinco directores de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que, a pesar de estar suspendidos de sus funciones, continúan recibiendo salarios financiados con recursos del Estado.
La petición se basa en los antecedentes presentados por el diputado Hotuiti Teao, quien destacó que “cerca de $7 millones mensuales son destinados a un director que ha estado suspendido desde 2022, particularmente en el SLEP Valparaíso. Esta situación se repite en O’Higgins, Atacama, Magallanes y Aconcagua. Estamos hablando de recursos públicos de educación que siguen siendo utilizados para financiar direcciones que no están en funciones. Este hecho es grave, alarmante e inaceptable”.
“Son millones de pesos al mes que el Estado destina y no llegan a las aulas, perjudicando directamente a estudiantes y comunidades educativas. En este contexto, valoro que esta instancia fiscalizadora haya apoyado de manera unánime mi solicitud, logrando que en la próxima sesión se examine qué decisión administrativa y qué respaldo legal permiten continuar estos pagos mientras hay una suspensión activa. Necesitamos que esta explicación sea ofrecida con la presencia del ministro y los directores implicados”, expresó el legislador.
Además, subrayó que “la educación pública no puede seguir asumiendo los costos de una mala gestión. La ciudadanía exige respuestas inmediatas, responsabilidades claras y correcciones urgentes. Cada peso gastado en sueldos injustificados representa una limitación para fortalecer la educación, apoyar a la infancia y mejorar las condiciones de aprendizaje”.
Por último, Teao concluyó diciendo que “este tipo de situaciones no son eventos aislados, sino parte de un problema estructural que requiere control y fiscalización efectiva del uso de recursos públicos. El Ministerio de Educación cuenta con la mayor parte del presupuesto nacional, alrededor de una quinta parte del gasto público anual, lo que refuerza la obligación del Estado de salvaguardar cada peso destinado al sistema educativo”.
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