La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida por funcionarios del OS7 de Carabineros, tras la emisión de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La captura se llevó a cabo después de que el máximo tribunal, el pasado viernes, aceptara la querella de capítulos presentada por la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, lo que permitió a la Fiscalía proceder con diversas diligencias, incluida la formalización y la posible solicitud de prisión preventiva.
La detención se realizó en el hogar de la exjueza, ubicado en las comunas de Las Condes, y estuvo a cargo del fiscal Marcos Muñoz Becker. Vivanco será formalizada el lunes 26 de enero por su presunta implicación en la llamada trama bielorrusa, enfrentándose a cargos de cohecho y lavado de activos. De ser hallada culpable, podría enfrentar la prisión preventiva, que sería solicitada por el Ministerio Público y los querellantes.
Según lo expuesto por los fiscales en audiencias anteriores, se le acusa a Vivanco de haber colaborado con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos para favorecer al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en litigios con Codelco, en su función como ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Los investigadores sostienen que, como resultado de tales acciones, los abogados mencionados habrían entregado al menos $90 millones a la entonces magistrada, a través de su pareja, Gonzalo Migueles.
Si se determina su prisión preventiva, Vivanco sería llevada a la cárcel de San Miguel. Esta situación no es la que esperaban tanto ella como su defensa, que buscaban que la Fiscalía solicitara una audiencia de formalización sin necesidad de su detención. De hecho, la tarde del viernes habían manifestado su intención de declarar y presentaron un escrito para informar al tribunal de su disponibilidad para comparecer.
Por su parte, la Corte Suprema subrayó que esta fase procesal no implica un juicio de fondo, y que tanto la revisión de los hechos, como la posible participación de la imputada y la evaluación de las pruebas, se llevarán a cabo durante la investigación penal y en un eventual juicio oral, garantizando así el debido proceso.
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