La coordinadora «Que Pase La Micro» expresó su preocupación y se declaró en «estado de alerta» ante las empresas y consorcios que están considerados como recomendados o posibles adjudicatarios en la licitación del transporte público del Gran Valparaíso, así como respecto a algunos actores involucrados.
Particularmente, manifestaron su inquietud por la inclusión de Viña Bus S.A., una empresa vinculada a la operación del transporte en la zona y asociada al empresario Reinaldo Sánchez, en este proceso, dado los cuestionamientos y controversias que han rodeado la gestión del transporte en Valparaíso en los últimos años.
«Valoramos que las nuevas bases de licitación, publicadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en 2025 y disponibles en su sitio web, introducen avances significativos en regulación, estándares de flota, fiscalización y exigencias técnicas. Sin embargo, la mera mejora normativa no asegura un cambio real si no se toman en cuenta de manera seria los antecedentes de desempeño de los operadores actuales«, señalaron.
Recordaron que, durante la presente administración del transporte público en Valparaíso, se han acumulado numerosas denuncias de la ciudadanía, conflictos laborales y cuestionamientos públicos.
Asimismo, mencionaron reiteradas quejas sobre el trato hacia usuarios, impactando especialmente a estudiantes y personas mayores con tarifas rebajadas; y problemas en la calidad del servicio, como la circulación de buses en malas condiciones mecánicas, lo cual ha sido una preocupación constante de la comunidad.
Señalaron también las condiciones laborales precarias para los conductores, un modelo ampliamente conocido del sistema anterior, que se basa en la remuneración por corte de boleto sin sueldo fijo, afectando tanto la dignidad laboral como la seguridad vial.
Igualmente, manifestaron su preocupación por la seguridad, expresada por organizaciones sociales y vecinales, sobre la necesidad de controles efectivos y permanentes de los conductores y operadores, especialmente a la luz de antecedentes de accidentes graves en el sistema de transporte público de la región en años recientes, algunos resultando en fatalidades, incluyendo la muerte de un menor y estudiantes universitarias.
También mencionaron la situación de usuarios que han sufrido lesiones, quienes han reportado falta de respuesta y ausencia de responsabilidad por parte de las empresas operadoras, quedando muchas veces en una situación de indefensión.
«Como organización ciudadana, creemos que la evaluación de las propuestas no debe limitarse a aspectos técnicos y económicos, sino que debe incluir de manera transparente los antecedentes laborales, sociales y de cumplimiento previo de las empresas postulantes«, afirmaron.
Por ello, hicieron un llamado al Ministerio de Transportes, a las autoridades regionales y a los organismos fiscalizadores a «considerar de forma rigurosa los antecedentes públicos y la trayectoria de gestión de los operadores actuales; garantizar que la nueva licitación priorice la seguridad de las personas, un trato digno a usuarios y trabajadores, así como una mejora real y verificable del servicio; y establecer mecanismos de fiscalización efectivos y permanentes que eviten la repetición de malas prácticas que han perjudicado durante años a quienes utilizan el transporte público a diario, enfocando especialmente la fiscalización en pruebas de alcohol y drogas».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
