La Cámara de Diputados ha aprobado, con 122 votos, un proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 para reforzar la implementación del sistema de educación pública. Esta iniciativa busca optimizar la instalación, funcionamiento y gobernanza del Sistema de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Durante la sesión, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que esta iniciativa “responde a las necesidades urgentes expresadas por las comunidades educativas a nivel nacional y representa la síntesis de un trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso, uniendo esfuerzos para abordar los desafíos de Estado”.
El secretario de Estado destacó la necesidad de implementar la reforma a la Ley Nº 21.040, afirmando que “esta ley propone soluciones concretas, articuladas y urgentes que buscan desmantelar las fallas sistémicas observadas”. También añadió que “contaremos con un marco normativo específico para enfrentar estos retos”.
Además, enfatizó la relevancia de la Nueva Educación Pública en la agenda legislativa y su componente estructural para el sistema. “Estamos conscientes de dos aspectos críticos: primero, el sistema de educación pública no puede detenerse, y segundo, requiere mejoras y cambios significativos para optimizar su proceso de transición y funcionamiento”, destacó.
La propuesta, que pasará por revisión del Tribunal Constitucional antes de su promulgación y publicación oficial, introduce transformaciones que refuerzan la implementación de los SLEP. En primer lugar, se fortalecen los mecanismos para el traspaso desde los municipios hacia los SLEP, estableciendo la obligatoriedad de un plan de transición, así como nuevos plazos y sanciones para procesos críticos. También se amplía el plazo de traspaso de un año a dos desde la creación de cada Servicio Local, permitiendo una instalación más ordenada acorde a las realidades locales.
Al mismo tiempo, el proyecto busca una reducción significativa de trámites que obstaculizan el funcionamiento diario de los SLEP. Se realizarán ajustes en procedimientos internos, adecuando plazos y simplificando requisitos para agilizar la gestión administrativa y pedagógica. Se establece también la creación obligatoria de oficinas locales en territorios donde la conectividad y las distancias lo exijan, fortaleciendo así la presencia del sostenedor y respondiendo a una demanda sentida de las comunidades educativas.
Entre los avances destacados se incluye la incorporación de herramientas para prevenir crisis en el funcionamiento de los Servicios Locales. Esto implica ampliar la responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos y otorgar nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública, fortaleciendo el acompañamiento a los SLEP y asegurando la continuidad del servicio educativo. Estas medidas buscan evitar interrupciones en el funcionamiento del sistema y garantizar la estabilidad de la educación pública frente a contingencias.
En cuanto a participación, el proyecto refuerza el rol de los Consejos Locales, dándoles nuevas facultades y asegurando condiciones adecuadas para su funcionamiento. Esto busca promover una relación más cercana entre los Servicios Locales y las comunidades educativas, fomentando espacios de diálogo, corresponsabilidad y toma de decisiones informadas.
Otro avance significativo se vincula al financiamiento. El proyecto propone un nuevo modelo para los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) gestionados por los SLEP, que a partir de 2028 comenzarán a recibir un financiamiento distinto al de Junji. Este cambio permitirá una gestión más ágil y transparente de los recursos. También se establece por ley un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública con recursos aumentados hasta 2030, dirigido exclusivamente a las instituciones dependientes de los SLEP, destinado a optimizar, asegurar y focalizar las inversiones en infraestructura educativa.
Finalmente, la iniciativa introduce mejoras laborales para diversos actores del sistema, como una bonificación de zona para asistentes de la educación, mecanismos de traslado interno para docentes y espacios de participación que incluyan a representantes de la educación parvularia. Además, se fortalece la gobernanza del sistema mediante la reconfiguración de la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional y la creación de un Comité de Ministros que apoye intersectorialmente a los Servicios Locales, clarificando la función de las SEREMI y los Departamentos Provinciales de Educación. En conjunto, estas medidas buscan construir un sistema más coherente, articulado y preparado para satisfacer las necesidades de los territorios.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
