El Juzgado de Garantía de Osorno ha decidido aprobar una suspensión condicional del procedimiento contra Pedro Pool, quien fue imputado por realizar amenazas simples hacia los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa, así como a la excandidata presidencial Evelyn Matthei. Esta situación fue investigada por la Fiscalía Local de Osorno.
La resolución surgió tras una investigación que duró varios años, durante los cuales el imputado estuvo sometido a diversas medidas cautelares.
Los hechos se remontan a 2022, en el contexto del proceso constituyente, cuando Pool publicó varios videos en YouTube donde incitaba al odio contra miembros del Frente Amplio y representantes de pueblos indígenas, además de lanzar amenazas de exterminio y fusilamiento.
Más tarde, el imputado también amenazó de forma similar a Evelyn Matthei y al entonces presidente Sebastián Piñera, lo que llevó a la intervención del Ministerio Público.
Como parte de la resolución judicial, el tribunal ordenó a Pool ofrecer disculpas públicas a las víctimas, las cuales fueron leídas durante la audiencia. En su declaración, el imputado manifestó que «hoy no soy candidato presidencial, y reconozco que mis palabras pudieron afectar a un sector político de este país. Pido disculpas al tribunal y a cualquier persona que se sintió ofendida por mis comentarios”.
Además, el tribunal estableció una serie de condiciones que deben ser cumplidas durante un periodo de dos años. Estas incluyen fijar domicilio y notificar cualquier cambio, mantener la prohibición de acercarse a las víctimas, abstenerse de hacer comentarios ofensivos hacia ellas y no poseer armas de fuego, municiones ni cartuchos.
El abogado querellante, Miguel Schurmann, subrayó la importancia de la decisión judicial, afirmando que «valoramos mucho la determinación del Ministerio Público de perseguir actos de violencia política graves, que son inadmisibles en una democracia, y el hecho de que el imputado Pool haya pedido disculpas públicas a las víctimas de estos actos, incluidos nuestros representados Jaime Bassa y Fernando Atria”.
Asimismo, resaltó que «considerando el perfil del imputado, también resaltamos que el Ministerio Público haya impuesto la prohibición de portar armas y de referirse de manera ofensiva a las víctimas. Si Pool incumple con estas condiciones y vuelve a cometer las mismas conductas, exigiremos las más severas sanciones en su contra”.
El tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas, o si el imputado es formalizado nuevamente por otros delitos, la suspensión condicional podría ser revocada, lo que podría dar lugar a un juicio oral. En tal caso, Pool podría enfrentar penas más duras, potencialmente agravadas por la repetición de conductas y por la aplicación del artículo 12 N°21 del Código Penal, relacionado con delitos motivados por discriminación ideológica, política, étnica o social.
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