Un análisis del Instituto Libertad criticó severamente el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que impactó a Viña del Mar y Quilpué. Se señala un lento progreso en la utilización de recursos y en las soluciones habitacionales para las miles de familias afectadas, justo cuando se aproxima el segundo aniversario de la tragedia.
De acuerdo al informe, hasta agosto de 2025 —18 meses tras el desastre— el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) había ejecutado apenas un 14,6% de su presupuesto ($8.340 millones de $57.033 millones). La reconstrucción presenta un rezago significativo, con escaso avance en subsidios para vivienda y trabajos de infraestructura, «lo que revela una falta de prioridad y gestión efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo».
El documento también señala que la reconstrucción enfrenta serios rezagos en soluciones habitacionales definitivas y obras de entorno, especialmente en los instrumentos más críticos para las familias damnificadas. Sin embargo, reconoce que el FET, administrado principalmente por el Serviu, mejoró su ejecución, pasando de un bajo 14,6% en junio de 2025 a un avance notable a finales de noviembre, «lo que evidencia una aceleración tardía del gasto, concentrada en la segunda mitad del año».
Respecto a la ejecución presupuestaria general del FET, se detalla que a noviembre de 2025, el presupuesto total vigente era de $57.134 millones, con $29.844 millones ejecutados, lo que equivale a un 52,2%. El informe advierte que «este nivel de ejecución representa un cambio significativo con respecto al estancamiento visto durante 2024 y el primer semestre de 2025, cuando más del 85% de los recursos permanecían sin utilizar. Sin embargo, este dato debe ser analizado con precaución, ya que la aceleración llegó tarde, haciendo que muchas familias ya hubieran atravesado dos inviernos completos sin soluciones definitivas, lo que afecta el impacto social del gasto».
COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN
En lo que respecta a la composición del FET, se distinguen dos categorías principales: la primera incluye iniciativas de inversión directa (Subtítulo 31), con un presupuesto vigente de $13.289 millones y una ejecución hasta noviembre de $8.057 millones, representando entre un 60% y 65% de avance.
El informe indica que «este componente ha mostrado el mejor desempeño relativo, con múltiples proyectos urbanos y de pavimentación en fases avanzadas, especialmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué». Según el catastro de inversión pública, esta región concentra el 100% del FET en inversión, alcanzando un 64,8% de ejecución efectiva, destacando obras como el mejoramiento del Paseo Los Héroes (77,8%), plaza Los Pasionistas (75,8%) y Vialidad Manuel Bustos (76,1%).
Por otro lado, las transferencias de capital para subsidios habitacionales (Subtítulo 33) representan la mayor parte de los recursos del fondo. Este segmento tiene un presupuesto vigente de $43.382 millones, ejecutando hasta noviembre $21.502 millones, equivalente a un 49,6%. El economista advierte que «aquí se encuentran los principales cuellos de botella sociales, a pesar del aumento en la ejecución», evidenciando una desigualdad marcada entre los programas.
En cuanto a este desglose, el Sistema Integrado de Subsidios muestra $8.842 millones ejecutados de un total de $10.085 millones, con casi 88% de avance, mientras que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda apenas llega al 40%, con $12.623 millones utilizados de $31.425 millones. El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios presenta la mayor desaceleración, con solo $37 millones ejecutados de $1.872 millones (2%).
«El aumento total oculta una ejecución altamente desigual. Los subsidios más simples avanzan, pero las soluciones definitivas y el mejoramiento de barrios continúan rezagados, afectando directamente la calidad de vida diaria», detalla el estudio.
En el análisis temporal del FET, se observa un avance tardío. Al final de 2024, la ejecución apenas alcanzaba el 5%, cifra que ascendió a 14,6% en junio de 2025 y llegó al 52,2% en noviembre del mismo año, mostrando una considerable concentración del gasto en la segunda mitad del periodo analizado. Según el estudio, «el patrón es claro: la reconstrucción no fue una prioridad en los primeros 18 meses, y sólo aceleró cuando el retraso se volvió políticamente insostenible».
En términos de evaluación de la gestión pública, el informe del Instituto Libertad establece que, aunque el Gobierno puede mostrar cifras de ejecución más altas que las de mediados de 2025, esto no lo exonera de la responsabilidad por la demora estructural en el proceso de reconstrucción.
En este contexto, se identifican fallas de oportunidad, pues la ejecución llega tarde para muchas familias que han tenido que soportar largos períodos de precariedad; un déficit en liderazgo y coordinación, ya que no se activaron de manera urgente los instrumentos disponibles; y una reconstrucción asimétrica, donde los avances son más notorios en obras visibles que en soluciones habitacionales definitivas.
Bajo este análisis, el estudio concluye que «la promesa de una ‘reconstrucción con dignidad’ se cumple solo parcialmente en términos de cifras, pero tardíamente en su impacto social. La aceleración del gasto en el último tramo del periodo no compensa el desgaste acumulado en confianza, bienestar y cohesión social», advirtiendo que el atraso inicial sigue teniendo profundas repercusiones en la vida diaria de las familias afectadas.
Finalmente, el informe concluye que la trayectoria de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio «revela fallas estructurales en la gestión del proceso de reconstrucción por parte del Minvu», señalando que la aceleración observada durante el segundo semestre de 2025 «no puede compensar el daño social acumulado por más de un año de lentitud, improvisación y falta de liderazgo estratégico».
Desde la perspectiva de política pública, subrayan que el mayor déficit no fue financiero, sino institucional. En este sentido, advierten que «el Minvu contó desde el principio con recursos extraordinarios, instrumentos legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea de Estado». Añaden que la excesiva burocracia, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas exigibles de ejecución, «resultaron en un proceso errático, activando el gasto solo cuando el retraso se volvió insostenible”.
En cuanto a la evaluación del diseño político implementado, el informe señala que la principal falla fue la aplicación de criterios y exigencias típicos de la postulación habitual al subsidio habitacional, que no concuerdan con la reposición de viviendas tras una catástrofe, acentuando retrasos y dificultades para las familias damnificadas.
La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respondió al informe del Instituto Libertad sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024, cuestionando severamente sus conclusiones y poniendo en entredicho su rigurosidad técnica.
La seremi Belén Paredes expresó su preocupación por la falta de rigor del informe, declarando que «más que un análisis técnico o investigativo, el documento se asemeja a una opinión política sobre un proceso altamente complejo, utilizando términos valorativos que son más propios de un debate público que de un análisis técnico o científico».
Además, la autoridad regional afirmó que el estudio presenta debilidades metodológicas significativas, lo cual es «especialmente problemático» cuando se abordan temas normativos y jurídicos sin aclarar sus fundamentos, citando como ejemplo la crítica a las restricciones para acceder a subsidios habitacionales. Según indicó, dicho informe omite que estas limitaciones se establecen en un marco legal vigente y no son decisiones arbitrarias.
Defendiendo la gestión del Minvu, la seremi explicó que la magnitud de la catástrofe exigió cambios normativos excepcionales, abarcando modificaciones legales, un decreto supremo y resoluciones especiales, todo dentro del marco del Estado de Derecho. «La mejora en las cifras no se debe a una coyuntura política, sino al desarrollo de un entorno propicio para el crecimiento de los números», declaró Paredes, destacando el aumento sostenido en la entrega de subsidios y en la ejecución de viviendas durante 2025 y principios de 2026.
Finalmente, con respecto al análisis presupuestario del FET, afirmó que el informe comete errores conceptuales al confundir distintas etapas de la ejecución del gasto público. Según indicó, «se entremezclan conceptos de compromiso, gasto e inversión efectiva, llevando a conclusiones incorrectas», subrayando que la entrega de subsidios no significa la construcción inmediata de viviendas y que los plazos observados son consistentes con reconstrucciones anteriores. Así, concluyó que el documento «puede ser interpretado como una opinión válida dentro del debate público, pero no como un informe técnico riguroso», aunque reconoció que «compartimos la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reconstrucción».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
