La Policía de Investigaciones (PDI) capturó este viernes al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y mencionado en el caso Convenios, tras la emisión de una orden de detención por parte del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El psiquiatra fue arrestado en un lugar distinto de su hogar y luego, fue llevado a su residencia en Ñuñoa, que, según se informa, está siendo investigada por agentes de la PDI.
Al llegar a su domicilio, Larraín comentó brevemente que «llevamos dos años y medio en este proceso, donde no se ha logrado aclarar la situación, y siempre hemos estado dispuestos a aclarar cualquier tema. Así que, si podemos ayudar, bienvenida sea la oportunidad«.
«La detención es parte del proceso regular, y debemos hacer que las cosas funcionen como corresponde», añadió antes de entrar a su vivienda acompañado por personal de la PDI.
El convenio con ProCultura significó transferencias que superan los $1.600 millones, y los investigadores alegan que fue acelerado de manera artificial debido a gestiones del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
El mismo juzgado también emitió órdenes de captura para María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, siguiendo la decisión del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien coordina la investigación junto con un equipo de la PDI.
La Fiscalía ha centrado su atención en los vínculos anteriores entre Claudio Orrego y Larraín, así como en las conexiones con Abusleme y Magdaleno.
“El análisis institucional del proyecto ‘Quédate’ y sus principales actores no puede entenderse sin considerar los vínculos previos, tanto formales como informales, entre Claudio Orrego, Alberto Larraín, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme”, afirmó el Ministerio Público al solicitar el desafuero del gobernador.
En esa solicitud, los fiscales declararon que la autoridad metropolitana “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, por ende, de su función pública, al intervenir en actos propios de su cargo y violar gravemente los deberes correspondientes”.
La Fiscalía considera que los recursos se asignaron sin criterios objetivos: “Se procedió a una asignación discrecional, por lo tanto, arbitraria, sin parámetros objetivos de evaluación y sin respetar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública”.
El convenio con ProCultura implicó transferencias de más de $1.600 millones, y los investigadores aseguran que fue acelerado artificialmente gracias a las gestiones de Orrego.
Conversaciones entre las acusadas Abusleme y Magdaleno respaldan esta teoría, mencionando que el gobernador incluso habría contactado a autoridades para acelerar el proceso.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
