Este aspecto despierta gran interés entre las empresas extranjeras, especialmente tras las estatizaciones forzosas llevadas a cabo por Chávez.
Orlando Ochoa señala que el texto de la ley menciona «arbitraje independiente», pero no aclara que se trate de «arbitraje internacional», lo que deja cierta ambigüedad en este punto.
De cualquier forma, el tema del posible arbitraje internacional en cuestiones petroleras genera controversia en Venezuela, tanto desde el ámbito político como Jurídico, puesto que la Constitución establece que los contratos de interés público deben resolverse en tribunales nacionales y no admitirán reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una elevada probabilidad de ser considerados de interés público.
Ochoa indica que los términos de estos mecanismos se definirán específicamente en cada contrato.
Sin embargo, mientras persista esa disposición constitucional sobre los contratos de interés público, habrá margen para la impugnación y la controversia.
Además, esta posibilidad se relaciona con otra modificación relevante en la Ley de Hidrocarburos, ya que en su nueva versión ya no requiere la aprobación del Parlamento venezolano para los contratos petroleros firmados por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado al respecto.
En la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera la obligación de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento, argumentando que se trata de acuerdos de «interés público».
UNA REFORMA CUESTIONADA…¿E INSUFICIENTE?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha enfrentado fuertes críticas desde diversos frentes.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como «un retroceso histórico» que forma parte de «una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera».
Andrés Izarra, exministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, expresó en un artículo que considera inconstitucionales muchos de los cambios, señalando que, entre otras cosas, estos transfieren a actores privados actividades petroleras que deberían ser exclusivas del Estado.
«La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan», escribió en un artículo publicado en Aporrea.org.
Expertos petroleros, como Francisco Monaldi, han señalado que la ley es «muy deficiente» y critican la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Ochoa considera que la ley representa un avance significativo al reducir el control estatal y abrir un espacio al sector privado, aunque también reconoce sus deficiencias.
«Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, lo cual no sería negativo si existiera una trayectoria sólida; el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos y a contratistas y socios, siendo esto previo a las sanciones«, señala.
«Por lo tanto, en el contexto de las empresas mixtas, queda un socio estatal que, a pesar de tener la mayoría, cuenta con escaso músculo financiero y capacidad técnica.»
Ochoa opina que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya operan en Venezuela, ya que ahora tendrán un marco más claro en cuanto a términos y condiciones. Sin embargo, recalca que es necesario avanzar más.
«Si Venezuela realmente desea atraer nuevas empresas internacionales para incrementar la producción, necesita hacer mucho más que esto«, afirma.
Ante las críticas recibidas por la reforma, Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, han destacado la importancia de que Venezuela aproveche sus abundantes reservas probadas, extrayendo petróleo para utilizar esa riqueza en el desarrollo nacional.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares fueron la base de la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela buscaba aumentar su producción petrolera y no contaba con recursos suficientes, por lo que permitió contratos de servicio que permitieran a empresas privadas participar en la producción.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición al país y fue para ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
«Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, y es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera«, declaró Chávez en ese momento.
«De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones es la mala gestión de la industria petrolera«, agregó, según informes de BBC Mundo.
Mucho ha cambiado desde entonces.
En aquel entonces, Venezuela producía 2,8 millones de barriles diarios y era el cuarto productor mundial. Actualmente, se ubica como el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles por día.
Respecto a la pobreza, datos de la Cepal indicaban que en 2001 esta era del 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar cifras sobre Venezuela hace más de una década, debido a la falta de información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello indica que el 73,2% de los hogares en Venezuela viven en pobreza de ingresos, de los cuales 36,5% en pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, parece claro que Venezuela necesita más que nunca transformar su riqueza del subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están implementando serán suficientes para lograrlo.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
Con Información de puranoticia.pnt.cl
