La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, abordó la controversia relacionada con el Pase Cultural, en respuesta a las críticas del diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, quien, al convertirse en el futuro titular de la cartera, calificó este beneficio como un “abuso” y anunció su suspensión a partir del 11 de marzo, coincidiendo con la llegada del nuevo gobierno de José Antonio Kast.
El debate se intensificó tras un reportaje de T13, que reveló denuncias sobre un posible uso indebido del Pase Cultural. Esta política pública otorga $50.000 a jóvenes de 18 y 19 años que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, así como a adultos mayores beneficiarios de la PGU.
En entrevista con Cooperativa, Arredondo confirmó que el Ejecutivo ha tomado medidas formales ante las sospechas, incluyendo una solicitud de investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE). “La mala utilización de los recursos públicos no debe ser tolerada”, enfatizó.
A pesar de las críticas, la ministra defendió el objetivo de la política cultural, subrayando su impacto y utilidad social. Explicó que para 2025, alrededor de 100 mil personas habrán activado el beneficio, ampliando el acceso a bienes culturales en diversas regiones del país.
Arredondo agregó que el Pase Cultural ha recopilado testimonios de jóvenes que han utilizado los recursos para fines específicos, como la compra de materiales académicos. “Nos han compartido su experiencia y cómo les ha permitido adquirir, por ejemplo, libros para la universidad”, indicó.
También detalló que esta política fue desarrollada mediante un esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado, como BancoEstado, Hacienda, Desarrollo Social e Injuv, utilizando la infraestructura digital del Bolsillo Familiar Electrónico para canalizar el beneficio.
Por último, la ministra enfatizó que la denuncia al CDE tiene como objetivo establecer responsabilidades y aplicar sanciones cuando sea necesario. Recordó que el reglamento estipula que el uso indebido puede conllevar a devolver los recursos al Tesoro Público, y el futuro gobierno deberá decidir cómo continuará o ajustará la implementación de esta política pública.
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