Un ciudadano chileno fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, tras ser hallado culpable de delitos de carácter sexual cometidos entre 2007 y 2014.
El tribunal, presidido por el juez Sergio Ortiz Huechapán, incluyó a las magistradas Constanza Encina Zacur y Andrea Santander Guerra.
Según la exposición del fiscal de San Antonio, Ricardo Méndez Castro, los delitos ocurrieron mientras la víctima, una niña de 14 años, estaba bajo el cuidado del acusado.
“Entre 2007 y 2014, de manera reiterada, en su hogar en la comuna de San Antonio, el acusado aprovechó los momentos en que cuidaba a su sobrina, nacida en 2001, para cometer actos sexuales abusivos”, indicó Méndez.
Durante el proceso judicial, se presentaron diversas pruebas, incluyendo testimonios, informes periciales y documentos que respaldaban los hechos. Además, el Ministerio Público aportó información sobre el historial del acusado, quien ya contaba con una condena previa y una denuncia por abuso sexual realizada en 2013 por un familiar directo de la víctima actual, información que fue considerada en el juicio.
“Los hechos mencionados están probados a través de la evidencia presentada, lo que permite concluir, sin lugar a dudas razonables, que ocurrieron tal como se estableció, quedando comprobados todos los aspectos fácticos”, menciona la sentencia.
El Tribunal condenó al acusado a 7 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años, tipificado en el artículo 366 bis del Código Penal, en calidad de delito reiterado, ocurrido en San Antonio en fechas no específicas entre 2007 y 2014.
Se impusieron las penas accesorias del artículo 372 del Código Penal, incluyendo la interdicción del derecho a ejercer la guarda y a ser oído como pariente, así como una vigilancia por parte de la autoridad durante diez años, con la obligación de informar su domicilio a Carabineros.
Asimismo, se estableció la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos o oficios en entornos educativos o con contacto directo frecuente con menores de edad.
Adicionalmente, se le impusieron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como derechos políticos, y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante la duración de la condena.
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