La Superintendencia de Educación ha publicado un informe titulado “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024)”, el cual examina las tendencias, perfiles y causas de estas sanciones en el sistema educativo chileno.
Este estudio se sitúa en el contexto del debate actual sobre la difícil tarea que enfrentan las instituciones educativas para mantener ambientes seguros mientras garantizan el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se analizaron más de 8.200 expedientes reportados a la Supereduc, junto con datos del Ministerio de Educación.
Los hallazgos indican un aumento continuo en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, el número de casos se triplicó, pasando de 741 a 2.423. Este crecimiento es especialmente notable en la fase pospandemia, alcanzando un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble que en el periodo 2016-2019.
Un dato crucial es que las expulsiones se multiplicaron por ocho durante este período, aumentando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida ha superado a la cancelación de matrícula, consolidándose como la principal sanción, representando el 53,8% de los expedientes en 2024.
La superintendenta, Loreto Orellana Zarricueta, comentó: “Este informe demuestra que los equipos directivos de los establecimientos están utilizando su facultad conforme a la normativa vigente. Los datos indican que la mayoría de las expulsiones y cancelaciones de matrícula se basan en fundamentos establecidos por la Ley Aula Segura. Por lo tanto, es un mito que no se esté utilizando. Es fundamental que estos procesos busquen al mismo tiempo proteger las trayectorias educativas.”
El estudio revela que las sanciones tienden a concentrarse en establecimientos con una mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en instituciones donde más del 60% de la matrícula es de estudiantes prioritarios. En contextos vulnerables, los índices son más altos, mientras que en establecimientos de baja vulnerabilidad son prácticamente insignificantes. Para este estudio, se analizaron principalmente instituciones públicas y particulares subvencionados, dado que los particulares pagados no tenían la obligación de informar sobre procesos sancionatorios de esta índole; sin embargo, esta situación se modificará con la nueva Circular N°782, que aborda medidas formativas y disciplinarias.
También destaca una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), especialmente en Educación Media y en perfiles académicos desfavorecidos: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas inestables.
Al respecto, Orellana agregó: “Las cifras indican que quienes son sancionados ya presentaban problemas previos, como bajo rendimiento, ausentismo y repitencia. Para evitar que estas medidas se conviertan en un punto de quiebre irreversible, es esencial fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han implementado en el contexto de la reactivación educativa, como el programa Chile Presente del Mineduc. Como resultado, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación disminuyó, permitiendo que aproximadamente 10 mil estudiantes permanecieran en el sistema.”
En relación con las causas, la agresión física a estudiantes es la más común, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se ha detectado un aumento en incidentes de mayor gravedad, como el porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los entornos escolares.
El análisis longitudinal indica que estas sanciones tienen un impacto significativo en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, en comparación con menos del 10% de la población general.
Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es clave. No pretendemos crear alarma, sino ofrecer evidencias para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que todos los estudiantes se mantengan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Siempre que sea posible, debemos prevenir casos graves que podrían llevar a una expulsión, enfocándonos en el fortalecimiento de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos.”
La Supereduc destaca que, junto con la publicación de este informe, continuará impulsando capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias preventivas y articulación intersectorial. El propósito es proporcionar a los establecimientos las herramientas necesarias para anticipar conflictos y apoyar a los alumnos en riesgo de exclusión, aplicando no solo medidas disciplinarias, sino también formativas.
Finalmente, la institución enfatiza que este informe aspira a ofrecer evidencia para fortalecer la política educativa y asegurar que cada estudiante, sin importar sus circunstancias, pueda ejercer su derecho a una educación en un entorno seguro y respetuoso.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
