Después de cuatro jornadas de formalización y amplios alegatos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la petición de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra los principales acusados en el caso ProCultura.
El juez Patricio Álvarez determinó que la evidencia presentada por la Fiscalía no era suficiente para aplicar la medida cautelar más severa, optando por imponer únicamente el arraigo nacional.
Esta decisión benefició a Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno. En cambio, Gabriel Prado continuará con arresto domiciliario total, que ya había sido establecido anteriormente por el tribunal.
DEFENSA CRITICA LA IMPUTACIÓN “DIFUSA”
Uno de los puntos más destacados de la audiencia fue el extenso alegato de la defensa de Alberto Larraín, liderada por los abogados Cristián y Vicente Arias. Durante casi dos horas, cuestionaron la solidez de la investigación del Ministerio Público y pidieron al tribunal que anulara la prisión preventiva.
Cristián Arias argumentó ante el juez Álvarez que la acusación carece de claridad legal y afirmó que existe una imputación tan imprecisa que pone en duda la existencia de un delito penal. En ese contexto, desestimó la posibilidad de que haya habido un fraude al Fisco y subrayó que “lo que es evidente es que el dinero no está en posesión de Alberto Larraín”.
El abogado también destacó que ProCultura es una fundación con una trayectoria de 15 años y numerosos proyectos financiados sin problemas. Afirmó que es completamente falso que ProCultura y, especialmente Alberto Larraín, carezcan de la experiencia necesaria para abordar temas de salud mental.
Vicente Arias, por su parte, resaltó la cooperación del imputado a lo largo de casi dos años de investigación, señalando que “ha colaborado de diversas maneras desde el inicio”. Añadió que su cliente “no ha salido del país desde 2023, precisamente debido a la investigación en curso”.
Al finalizar su alegato, la defensa argumentó que mantener a Larraín en prisión sería “desproporcionado”, afirmando que no representa un peligro real para la sociedad y que la medida de arresto domiciliario es suficiente.
ERRORES Y OBJECIONES A LA INVESTIGACIÓN
Durante la audiencia, las defensas de los demás imputados también señalaron inconsistencias en los datos presentados por la Fiscalía. Los abogados de María Constanza Gómez, Sebastián Soto y Alejandro Alegría, argumentaron que el Ministerio Público asoció erróneamente a su representada un audio fechado el 3 de febrero de 2022, que en realidad pertenece a María Teresa Abusleme.
A raíz de esto, los defensores denunciaron “ciertas irregularidades en la investigación” y afirmaron que el caso refleja “la falta de competencia del equipo investigador en los antecedentes necesarios para redactar la formalización”.
La defensa de Evelyn Magdaleno se unió a las críticas, indicando que el audio mencionado por la Fiscalía ni siquiera corresponde al período del proyecto “Quédate”, sino a un contrato anterior. Además, señaló que los chats usados para justificar la prisión preventiva son de coordinaciones de 2021, antes del convenio en investigación.
Según la abogada, estos datos reflejan “una gran confusión por parte de la Fiscalía”, lo que, a juicio de las defensas, no justificaba una medida cautelar tan severa.
LA FISCALÍA REITERÓ LA SERIEDAD DE LOS HECHOS
A pesar de la decisión del tribunal, el fiscal Cristián Aguilar argumentó durante las audiencias que los imputados supuestamente actuaron de forma coordinada para defraudar al Fisco. Según la Fiscalía, Larraín, Gómez, Abusleme y Magdaleno habrían trabajado juntos con el gobernador Claudio Orrego para que ProCultura obtuviera un convenio por $1.683.788.000.
Para respaldar esta acusación, el fiscal presentó un audio de febrero de 2022, en el cual Gómez menciona: “Alberto, hablé con la Evelyn, y… te mando un audio porque sé que vas manejando, espero que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles de Cuidado y de Salud Mental, y ella los va a licitar; nosotros hacemos el diseño y ella después se encarga del proceso para licitarlo (…) y así todo es más transparente.”
Asimismo, Aguilar citó declaraciones de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social y Estudios del Gore Metropolitano, quien afirmó: “La indicación me fue entregada directamente por mi jefatura, Evelyn Magdaleno. Ella me instruyó trabajar con la Fundación Procultura para el diseño de un Término de Referencia”.
Marín añadió que la decisión de utilizar la glosa presupuestaria cuestionada fue tomada por instrucciones superiores y “formó parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.
A pesar de todo, el tribunal consideró que, en esta fase del proceso, los antecedentes no eran suficientes para corroborar los delitos imputados ni justificar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, representando así un revés para el Ministerio Público en una de las aristas más relevantes del caso de Convenios.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
